El juez Fernando Grande-Marlaska dejaba meridianamente claras sus intenciones cuando, tras la última redada policial contra la juventud independentista, decretaba la incomunicación para los arrestados a la vez que negaba la aplicación del denominado «protocolo contra la tortura», que contiene medidas para garantizar los derechos de los detenidos y evitar torturas o malos tratos durante el periodo de detención. Pero, por si quedaba alguna duda o matiz, la despejó con Ainara Bakedano. La joven, detenida anteayer por la Guardia Civil a tan sólo 50 metros de la Audiencia Nacional española cuando se dirigía a la sede del tribunal especial con intención de declarar, denunció ayer que fue torturada durante los interrogatorios.

Grande-Marlaska había recibido la notificación de que la joven estaba dispuesta a declarar y la citó en sede judicial. A pesar de ello, no dudó en permitir que la Guardia Civil la interceptase e incomunicase, repitiendo su negativa al antes mencionado protocolo y dejando que sucediese lo que a la postre la joven ha denunciado tras su paso por los calabozos. A pesar de la voluntad expresa de declarar por parte de Bakedano cuando ya otros encausados habían pasado ante el juez en días anteriores, y mientras sí recibía a otros dos jóvenes que se habían presentado voluntariamente, Marlaska se empeñó en mantener la incomunicación para Bakedano, dejando negro sobre blanco cuál es el verdadero y último fin de esta práctica, que, desde luego, no es investigar ni tampoco interrogar.

Ainara Bakedano es asmática. Ha denunciado haber sufrido, entre otras formas de violencia física y verbal, la práctica de «la bolsa». No es difícil imaginar por qué. Mientras el Estado español siga tolerando, cuando no alentado, la práctica de la incomunicación en las detenciones, crecerá el convencimiento, que ya supera fronteras, de que la investigación policial no es sino la coartada que esconde la impunidad.