Azpeitia lleva unos meses convulsos por la paralización de las obras de edificación de 208 VPO en el sector de Etxebeltz-Izarra, en el entorno de Loiola, de las que 154 fueron adjudicadas el 4 de abril de 2008.

Todo estalló a raíz de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) que declaró nula el 19 de diciembre de 2008 la modificación de las Normas Subsidiarias (NNSS) del área por carecer del pertinente informe económico-financiero. La resolución, recurrida por el Ayuntamiento azpeitiarra y la Diputación guipuzcoana ante el Supremo español, fue promovida por la promotora Leku Eder, que no participa de la operación suscrita en 2006 entre el Consistorio y las empresas constructoras Amenabar, Altuna y Uria, y Urbialde.

La «inseguridad jurídica» sirvió de coartada a las constructoras para paralizar las obras tras el verano, esgrimiendo a continuación la crisis económica para tratar de renegociar las condiciones del convenio. La alarma cundió entre los afectados, que el 28 de noviembre convocaron una manifestación en Azpeitia para reclamar soluciones, a la que acudieron 350 vecinos detrás de una pancarta con el lema «Iruzurrik ez, amaitu gure etxeak orain!».

Adjudicatarios y vecinos denuncian «las dos velocidades» de la operación de Etxebeltz- Izarra que se traduce en que los 112 pisos libres han seguido construyéndose sin problemas, y está previsto que estén concluidos en los próximos meses, mientras los otros bloques de VPO están parados. Desde la izquierda abertzale de Azpeitia se desmontaron parte de los argumentos de las empresas: «El proceso judicial afecta a todo el área pero parece que el problema sólo es de las viviendas protegidas».

La situación, según se explica desde fuentes municipales, parece estar encauzada después de que el Consistorio y las constructoras hayan llegado a un principio de acuerdo que no afectará al precio final que deberán abonar los adjudicatarios por sus deseadas viviendas. Así, los trabajos podrían reiniciarse en breve y rubricarse los contratos a cambio de rebajas en los impuestos y cargas urbanísticas para contentar a Amenabar y Altuna y Uria.

En el ámbito normativo, el Pleno del Ayuntamiento aprobó en julio la revisión de las NNSS recurridas y la redacción de un nuevo Plan General. Los criterios de la oposición -izquierda abertzale, EA y Aralar- se impusieron a los del PNV -que ostenta la Alcaldía aunque no tiene mayoría-, que apostaba por introducir el informe económico-financiero que faltaba en el texto refundido y luego desarrollar las nuevas NNSS. Las «dudas jurídicas» que generaba tal opción, llevó a la oposición a apostar por el inicio de un nuevo proceso de revisión.

Planeamiento urbanístico en cuestión

Las resoluciones judiciales favorables a Leku Eder, cuya cabeza visible es el constructor Luziano Soraluze Muno, han hecho tambalear el planeamiento urbanístico diseñado por el PNV en las últimas tres décadas para Azpeitia. En el caso de Etxebeltz-Izarra, los propios afectados han acusado a la promotora de valerse de los tribunales «para el logro de intereses económicos y personales, siendo su finalidad la de edificar en terrenos de su propiedad».

Soraluze, según fuentes municipales, fue «el gran beneficiario mientras José María Bastida se mantuvo al frente de la Alcaldía, cayendo en desgracia con la llegada del actual alcalde, Julian Eizmendi, en 2003 hasta 2007 y luego en 2009 tras la moción de censura contra el primer edil de la izquierda abertzale». En aquellos años, siendo alcalde Bastida, su empresa compró diferentes terrenos no urbanizables con la esperanza de que, a través de permutas y recalificaciones, obtener beneficios millonarios en un mercado por entonces pujante.

A partir de esa premisa, añaden, hay que entender los pleitos que ha ido interponiendo ante los tribunales y que han colocado en una situación «incómoda» al Consistorio azpeitiarra y a sus gestores jeltzales, dejando al descubierto «guerras intestinas» en el seno de la junta municipal del PNV. «Muno está presionando para que en terrenos como los de Izarraizpe se puede edificar», apuntan desde la izquierda independentista.

Todo comenzó en 2004, cuando los jeltzales reconsideraron su posición inicial de recalificar los terrenos de las Esclavas -en el sector de Izarraizpe- en el avance de las NNSS, que iba a pasar de equipamental a residencial. Antes, con Bastida al frente del Ayuntamiento, Soraluze los había adquirido en 1992 con la pretensión de efectuar una operación de permuta, que resultó fallida. La intención de Muno, según recuerdan desde la izquierda abertzale, era levantar entonces 450 viviendas.

Ahora que el recurso contra la sentencia del TSJPV que declara nulas las Normas Subsidiarias de Etxebeltz-Izarra está en el Supremo español, Leku Eder ha planteado a los responsables municipales la posibilidad de retirar su iniciativa si el Ayuntamiento le recalifica los terrenos de Esclavas, denuncian los independentistas en una publicación que han distribuido por buena parte de los hogares azpeitiarras. La alternativa aprobada por el Pleno municipal ha sido mantener el recurso en el alto tribunal español y a la vez iniciar el proceso de revisión de las Normas Subsidiarias.

La promotora de Luziano Soraluze propuso hace unos meses retirar todos los pleitos con el Ayuntamiento a cambio de que éste dé el visto bueno a una promoción inmobiliaria en el solar de Esclavas donde se edificarían 652 viviendas nuevas. La izquierda abertzale denuncian la «política de chantaje» de los promotores pero la enmarcan en la dinámica que inició el PNV en la década de los 90, «cuando vio en el desarrollo urbanístico de Loiolabidea una oportunidad para hacer negocio y ahora estamos pagando todos los vecinos las consecuencias de este modo de hacer política».