La decisión del Tribunal Constitucional turco de ilegalizar a la formación kurda Partido por una Sociedad Democrática (DTP), que contaba con 21 escaños en el Parlamento de Ankara y obtuvo dos millones de votos en las últimas elecciones, supone un duro golpe para las ansias de paz de los pueblos turco y kurdo, que habían visto con esperanza los gestos de acercamiento ocurridos a raíz de la propuesta de negociación diseñada por el líder kurdo Abdullah Öcalan.

En clave interna queda por ver, por un lado, hasta qué punto existe acuerdo entre los diferentes poderes del Estado turco para dar este paso. Es cierto que la decisión la ha tomado un tribunal que, junto con el Ejército, es parte de las estructuras tradicionales de poder turcas que están enfrentadas al Gobierno de Recep Tayyip Erdogan -de hecho, ese mismo tribunal ilegalizó varias formaciones lideradas por el propio Erdogan, que incluso pasó por la cárcel acusado de actos «contra el Estado kemalista»-. Pero no se puede olvidar tampoco que históricamente esas dos facciones del Estado han convenido en situar Kurdistán como enemigo común, convirtiendo al pueblo kurdo en víctima propicia para superar sus rivalidades. Por otro lado el movimiento político kurdo, del que el DTP era además de representante interlocutor, ha mostrado una gran determinación en su decisión de llevar a su pueblo a una nueva fase política. Habrá que ver, por lo tanto, cómo gestionan los kurdos esta nefasta decisión.

En clave internacional, esta decisión es otro efecto más de la «guerra contra el terror». En ese sentido no se puede obviar la referencia hecha por el presidente del TC turco, Hasim Kilic, que dijo haber tomado en consideración la ilegalización de Batasuna. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos debe reflexionar sobre las consecuencias de sus sentencias. Más aún cuando uno de los argumentos esgrimidos para bloquear la entrada en la UE de Turquía es la violación de derechos y la falta de libertad política. Algo que también ocurre en la Unión Europea.