Juanjo BASTERRA I

Las terceras jornadas para la difusión de la problemática sobre la exposición al amianto, que organizó ayer en Bilbo la Asociación de Víctimas del Amianto de Euskadi (Asviamie), no dejaron indiferente a nadie de los asistentes; alguno incluso se marchó indignado por lo que estaba escuchando.

Tres son las principales conclusiones que se pudieron obtener a la salida del mismo. La primera, la demanda necesaria y urgente para que se cree un fondo de compensación de las víctimas del amianto, que esté dotado con una cantidad económica suficiente para que ningún afectado por el mineral cancerígeno quede desamparado.

En segundo lugar, que la actividad de los organismos que dependen de la Administración, tanto Osalan como Osakidetza y la Inspección de Trabajo, tiene enormes carencias, muchas de ellas provocadas por la falta de recursos humanos, pero otras porque son los especialistas médicos los que no toman una iniciativa decidida para actuar con rapidez ante los primeros síntomas de una enfermedad derivada del amianto, o de cualquier otra patología profesional.

En tercer lugar, que los afectados no sólo tienen que unirse y actuar en conjunto con los agentes sociales, sino que tienen que llevar el problema a la calle para que la sociedad se dé cuenta de su gravedad. Porque, como reza el eslogan de las pancartas de la Asociación de Víctimas del Amianto de Euskadi, «el problema existe, el amianto mata». Ahí es donde se tiene que producir esa visibilidad de este grave problema que va a costar la vida a entre 6.000 y 10.000 trabajadores vascos los próximos 25 años; a alrededor de 60.000 en el Estado español y a 500.000 en la UE.

En el encuentro, el viceconsejero de Trabajo del Gobierno de Gasteiz, Carlos Zapatero, ex jefe de la Inspección de Trabajo de la CAV, destacó que las empresas mercantiles «deben asumir su responsabilidad y las consecuencias» de haber trabajado con ese material cancerígeno. No obstante, señaló que hace años las empresas no conocían las consecuencias del amianto. La realidad nada tiene que ver con esa declaración, que cada vez se escucha más a los inspectores de trabajo.

Una historia definida

El presidente de la Asociación en Defensa de las Víctimas del Amianto de Valencia precisó que en 1906 en Londres se produjo la primera víctima, una trabajadora de 33 años del sector textil. En 1947 se relacionó el amianto con el cáncer pleural y peritoneo. Por lo que este valenciano, ex trabajador del sector naval, dejó claro que este drama no ha ocurrido «por desconocimiento«, sino por los intereses económicos de los empresarios, que «prefirieron obtener más beneficios, que preocuparse de la salud de sus trabajadores». En Araba, Bizkaia y Gipuzkoa al menos doce ex trabajadores han fallecido por contaminación por amianto en 2009. Carlos Zapatero apostilló, por otro lado, que «vamos a estar vigilantes en materia preventiva». Sin embargo, durante la jornada salieron a relucir importantes carencias que la Administración pública no remedia, a pesar de tener las herramientas adecuadas para poder hacerlo.

Escasa vigilancia

La primera de ellas es el control y vigilancia de la salud específica a los trabajadores que están y estuvieron en contacto con el amianto. Según explicó Asunción Muruaga, médica del trabajo y técnica de la Unidad de Salud Laboral de Osalan, el censo de los trabajadores que trabajaron con el mineral cancerígeno suma 4.518, de los que 1.200 están todavía en activo.

Sin embargo, como explicó la secretaria general de Asviamie, Olvido Herreras, se calcula «por lo bajo» que en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa tuvieron contacto con el amianto en las tres últimas décadas más de 25.000 trabajadores. Es decir, el censo de Osalan apenas cubre un 18% de todos aquellos trabajadores que estuvieron en contacto con el amianto. En este caso, como también dejó clara la especialista de Osalan, para resultar contaminado por amianto y que después aparezca un mesotelioma pleural basta con una microfibra de ese mineral. El problema se encuentra en que el período de latencia de esa enfermedad antes de que se dé a conocer puede llegar a los cincuenta años después de haber inhalado amianto.

En ese censo de control de Osalan figuran 234 empresas que han trabajado con amianto, de ellas 137 se dedican a procesos de desamiantado, la mayoría son pequeñas ubicadas en Gipuzkoa, como explicó la técnica de la Unidad de Salud Laboral de Osalan.

Asunción Muruaga también explicó que desde Osakidetza, tras la puesta en marcha de un protocolo de activación y control de enfermedades profesionales, han practicado en 2009 60 requerimientos, pero de ellos sólo 14 son sospechosos de enfermedad profesional. En este caso, explicó que el 43% de los mismos tienen que ver con mesoteliomas, un 33% con asbestosis y otro 24% se debieron a cáncer de pulmón.

El trabajo de la Administración pública, por lo tanto, queda muy limitado y cojo. Rafael Cremades, de Valencia, explicó que los sucesivos gobiernos españoles «han mirado a otro lado» para la creación de un Fondo de Compensación de las Víctimas del Amianto para evitar que, «además de sufrir el daño y el drama en sus familias, tengan que estar peleando en los juzgados para obtener el reconocimiento de la enfermedad profesional y la incapacidad».

PSOE en la oposición

En este caso, culpó a los distintos gobiernos por no haber llevado adelante esa solución y, otra muy importante según sus palabras, como es «el establecimiento de unos coeficientes reductores para obtener la jubilación anticipada de aquellos trabajadores en activo que trabajaron con amianto y que tienen alguna patología relacionada con el mineral cancerígeno». En este caso, un delegado de prevención en la empresa CAF de Beasain. Jon García, recordó que en esta empresa, que fabrica trenes, han fallecido 48 trabajadores por amianto, de los cuáles 23 son de la planta de Zaragoza y 16 de Beasain. Explicó que cuando el PSOE se encontraba en la oposición al Gobierno español, presidido por José María Aznar, presentó una proposición no de ley en el Congreso de los diputados para el reconocimiento de las jubilaciones anticipadas de trabajadores, la creación urgente de un Fondo de Compensación y, entre otras medidas, la creación de un hospital para atender de manera específica a las víctimas del amianto.

«Esa iniciativa la firmaron María Teresa Fernández de la Vega, que en la actualidad es la vicepresidenta primera del Gobierno español, y José Blanco, en este momento ministro de Fomento, pero de lo nuestro ya no quieren saber nada de nada», denunció el delegado de prevención de CAF.

Unión Naval de Valencia

Rafael Cremades ofreció la nota más positiva del encuentro, porque este ex trabajador de Unión Naval afectado por asbestosis y presidente de la asociación de afectados, impulsó la reciente condena ejemplar a los directivos de ese astillero. Cuatro directivos tuvieron que negociar un aumento de las indemnizaciones por las diez muertes por amianto que se produjeron para eludir la cárcel.

También establecieron un fondo de indemnización para que los trabajadores afectados puedan prejubilarse y obtener unas indemnización de la empresa por provocarles la enfermedad. Lograron 250.000 euros por afectado, mientras que otros 51 trabajadores que actualmente padecen enfermedades relacionadas con el mineral cancerígeno cobrarán entre 150.000 o 110.000 euros según la gravedad. En ese protocolo firmado, se acordó que los trabajadores que desarrollen alguna enfermedad durante los próximos años podrán recibir una indemnización de hasta 200.000 euros.

Cremades, que acudió a Bilbo con el abogado y miembro de la asociación, Jesús San Feliú, reconoció el gran paso dado y dijo que la asociación valenciana «apoyará y seguirá luchando para conseguir que se extienda un fondo de compensación» por todo el Estado español, «porque es un derecho que nos hemos ganado los trabajadores que hemos sufrido trabajando en condiciones infrahumanas».

En el encuentro, también participó el cirujano torácico del Hospital de Gurutzeta, Rafael Rojo, que animó a los afectados y sus familiares a tener esperanza para tener mejor calidad de vida, aunque no se mojó cuando le preguntaron por la tardanza en la atención que padecen los afectados, teniendo en cuenta el cáncer que sufren.