Casi siete años después de que el juez Luis del Olmo ordenase el cierre «cautelar» del diario Egunkaria por presunta pertenencia en el entramado empresarial de ETA, el caso finalmente ha llegado a juicio esta semana. La historia de este proceso penal ha dejado en evidencia muchos de los peores abusos del Estado en la persecución contra el llamado entorno de ETA; es una prueba más de los peligros que asume una democracia cuando sacrifica las garantías judiciales y las libertades individuales en la lucha contra el terrorismo. Son las cosas que pasan cuando el fin justifica los medios.

El Gobierno de José María Aznar, el mismo que decía aquello de que «contra ETA, no hay atajos», azuzó a la Audiencia Nacional contra Egunkaria, el único diario que se editaba en euskera. «Alguien pensaba que no nos atreveríamos a cerrarlo», decía Aznar sobre el cierre de otro diario, Egin; y la misma doctrina se aplicó con Egunkaria, a pesar de que las pruebas de la Guardia Civil contra este periódico eran aún más endebles. (...) Tres años después, con el diario ya cerrado, la fiscalía se retiró de la acusación por considerar que no había pruebas objetivas para llegar siquiera a juicio. Sólo permanecen contra Egunkaria la AVT y la Asociación Dignidad y Justicia. La situación actual es vergonzosa: sólo con la acusación popular, sin el respaldo siquiera del fiscal, ningún juez habría ordenado algo tan irreversible como el cierre de un diario. Pero el daño ya está hecho. Pase lo que pase en el juicio, que probablemente absolverá a los acusados, el periódico no volverá a los quioscos. La sentencia es inane: Egunkaria ya ha cumplido su condena.