Un acuerdo promovido en Copenhague por los estados ricos y poderosos para luchar contra el cambio climático en el planeta, e impugnado por un grupo de países, vio la luz ayer, gracias a un ardid diplomático que permitió sortear la imposibilidad de una aprobación consensuada. Todos coincidieron en que este acuerdo de mínimos, tras el fracaso de 12 días de negociaciones para lograr un texto ambicioso, está muy por debajo de las expectativas generadas por un proceso de negociación que comenzó hace dos años en Bali.

El documento recoge un número mínimo de cuestiones de forma vaga, como el reconocimiento de la necesidad de limitar a dos grados con respecto a su nivel preindustrial el aumento de la temperatura media del planeta. Varios estados isleños querían que el tope fuese de 1,5º.

El texto no fija sin embargo plazos ni garantías de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. La cuestión crucial de la reducción a medio plazo (año 2020) será decidida en enero, mientras que los objetivos a largo plazo (2050) ni siquiera se mencionan.

Las promesas más concretas son las financieras: el texto prevé una ayuda inmediata de 30.000 millones de dólares en un periodo de tres años (2010-2012) para los países en desarrollo y una meta progresiva de 100.000 millones anuales a alcanzar en 2020, procedentes de fondos públicos y privados, bilaterales y multilaterales.

El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, admitió que el acuerdo «tal vez no sea todo lo que esperábamos, pero esta decisión de la conferencia de las partes es una etapa esencial» hacia la elaboración de un nuevo tratado internacional.

Estatus legal suficiente

La conferencia, organizada por la ONU, optó finalmente por «tomar nota» del «Acuerdo de Copenhague», después de agobiantes y tensas discusiones durante toda la noche entre los jefes de las delegaciones, puesto que los mandatarios ya se habían marchado.

«El hecho de `tomar nota' le da un estatus legal suficiente para que el acuerdo sea operativo sin necesidad de una aprobación por las partes», explicó a France-Presse Alden Meyer, director de la ONG estadounidense Unión de Científicos Comprometidos.

El acuerdo fue elaborado la víspera por los jefes de Estado y de Gobierno de 25 países industrializados, emergentes y en desarrollo, encabezados por el presidente estadounidense, Barack Obama. Sus principales promotores fueron EEUU, la Unión Europea, y las cuatro grandes potencias emergentes: China, India, Brasil y Sudáfrica.

EEUU y China, los dos países más contaminantes del planeta, lograron así acercar posiciones, tras sus disputas en torno a la exigencia estadounidense de que el gigante asiático aceptara métodos de verificación de sus emisiones, considerados por Beijing como amenazantes para su soberanía. El texto señala, al respecto, que los países en desarrollo comunicarán cada dos años informaciones sobre sus políticas nacionales y facilitarán datos para «consultas y análisis internacionales».

La férrea oposición de Cuba, Venezuela, Bolivia y Sudán -que criticaron la insuficiencia del acuerdo para luchar contra el cambio climático o la exclusión de la mayoría de países del proceso decisorio- amenazaba su adopción, que debía darse necesariamente por consenso entre los 193 países participantes en la cumbre.

«No nos parece correcto que intentemos, con el argumento de la buena fe, imponer aquí un documento logrado por medios no democráticos que se nos presentó pocos minutos antes de proponernos su adopción», afirmó el delegado de Bolivia.

«Golpe de Estado»

La delegada de Venezuela afirmó que la forma en que se había gestado el acuerdo era «un golpe de Estado a la Carta de Naciones Unidas» y subrayó que todo ocurrió «bajo la propia mirada del secretario general de la ONU».

Este comentario inauguró una noche de ásperos intercambios, durante la que Sudán afirmó que adoptar este documento equivale «a pedirle a África que firme un pacto suicida, un pacto incendiario».

La cumbre de Copenhague se proponía establecer mecanismos para tomar el relevo del Protocolo de Kioto -y sumar a EEUU, que no es signatario de ese documento-, único instrumento legal internacional existente hasta el momento para luchar contra el cambio climático.

Muchos estados reconocieron que su contenido es insuficiente pero lo aceptaron como medio de avanzar en la negociación sacando al proceso del estancamiento en el que se encuentra. «Un paso adelante es mucho mejor que dos pasos atrás», afirmó el representante de Noruega.

La UE expresó su «decepción» con el nuevo acuerdo y aseguró que «no solucionará la amenaza del cambio climático».

La ONU, por su parte, no quiso hablar de fracaso y consideró «satisfactorio» el acuerdo logrado el viernes. Su secretario general, Ban Ki-moon, dijo que en Copenhague «se han puesto los cimientos del primer acuerdo global para limitar los gases de efecto invernadero» y aseguró que trabajará para «convertir este texto en un tratado legalmente vinculante en 2010».

En la actual situación parece difícil que la próxima conferencia, a celebrarse a fines de 2010 en México, pueda alumbrar un tratado ambicioso y vinculante.