El Comité de Solidaridad con los Presos Políticos en Colombia se creó en 1973 «en una época bastante complicada. Todo pensador social y político que no estaba de acuerdo con los gobiernos de turno era considerado amigo de la guerrilla. Muchos eran llevados a prisión y sometidos, en muchos casos, a tortura. Un grupo de intelectuales, entre los que estaba Gabriel García Márquez, vio la necesidad de organizarse para hacer seguimiento a la situación de estas personas», recuerda Agustín Jiménez, abogado y presidente del colectivo. Basándose en datos inconclusos sobre el número de reclusos en cada prisión, estima que hay unos 7.000 presos políticos. Su situación se ha deteriorado desde la llegada al poder de Uribe, asegura.

¿Cómo describiría la situación de los presos políticos?

La situación de las personas detenidas por motivos políticos se ha agravado en los últimos siete año, especialmente, porque, amparándose en el discurso de «persecución al terrorismo», el Gobierno trata de igualar la acción de los grupos guerrilleros con el «terrorismo internacional» y, por ende, todos los detenidos son tratados de manera indigna, represiva y utilizando permanentemente mecanismos de castigo. A muchos los alejan de sus núcleos familiares para evitar que tengan contacto familiar y lograr que esa carencia se convierta en una forma de tortura, lo cual genera estados depresivos. En algún caso, los presos optan por suicidarse antes de continuar en esas condiciones. Este año, por ejemplo, una presa política se quitó la vida porque llevaba más de un año en aislamiento y desde hacía cuatro meses no le permitían ver a sus hijos. Carecemos de muchos datos porque se nos dificulta el acceso a los centros carcelarios. En estos momentos, estamos preparando un informe para el relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales de la ONU, que nos ha pedido que hagamos un seguimiento especial de esta situación porque muchos de estos suicidios pueden ser asesinatos encubiertos.

Antes hacía mención al aislamiento, que suele prolongarse durate más de un año o incluso dos. La persona sólo tiene derecho a una hora de sol y por meses no tiene más contacto que con los carceleros.

Además, en algunas cárceles, el Estado colombiano le ha entregado el poder a detenidos por paramilitarismo y éstos aprovechan su condición de superioridad para hostigar, amenazar y atentar contra los presos políticos. Hemos tenido que pedir varias medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para intentar dividir a los presos paramilitares, sobre todo, cuando cuentan con el apoyo de la guardia.

Ha denunciado el aislamiento y la dispersión como formas de castigo. ¿Hay otras más?

A internos originarios de tierras frías los llevan a las zonas más calientes del país y al revés. No les dan los elementos de abrigo suficientes para una u otra situación. Algunos han llegado a enfermar producto del brusco cambio climático.

Otro de los problemas es la falta de asistencia médica, pese a que en ocasiones sean cuadros complejos. Ello les provoca una angustia permanente. Algunos presos políticos han muerto en prisión de aparente enfermedad, pero estamos en proceso de investigación para demostrar que el fallecimiento se produjo por descuido y por una falta de atención premeditada.

La guardia penitenciaria ha sido entrenada para usar mecanismos de seguridad normales como instrumento de tortura. Por ejemplo, algunos presos políticos han sido encerrados en sus celdas y les han arrojado gas lacrimógeno para causarles asfixia. A otros, se lo han echado directamente en la cara. Estamos asistiendo a procesos refinados de tortura por parte de los funcionarios, instruidos por EEUU.

En su informe de 2009, la organización no gubernamental Human Rigths First denuncia la persecución y judicialización de los defensores de derechos humanos. Usted mismo ha sufrido amenazas. ¿Es posible realizar una defensa efectiva en estas circunstancias?

Nunca hay una acusación directa contra nosotros por estar ejerciendo la profesión de abogado. Pero, en Colombia, se juega por la vía de la ilegalidad y la guerra sucia. Muchos sabemos que hay informes de inteligencia sobre nuestras actividades, tildándolas de ilegales. Sobre esa base hacen montajes judiciales para vincularnos con las organizaciones guerrilleras y así evitar que defendamos a un preso político o acusemos a los victimarios. Recientemente, se ha descubierto que el Departamento de Seguridad el Estado ha montado un grupo interno para vigilar a los defensores de derechos humanos, líderes sociales, a la Corte Suprema de Justicia y a los partidos de la oposición y llevarnos a juicio. Han investigado a nuestra familia, hijos... ello demuestra que su objetivo no era sólo la judicialización sin0 tener la capacidad de atentar contra nosotros.

Nuestro colectivo ha sido objeto de varios montajes. El último, el de Príncipe Gabriel González. Le acaban de dar un premio en EEUU por su labor como defensor de derechos humanos. En primera instancia logramos demostrar su inocencia pero, las fuerzas del Estado decidieron que debía ser condenado en segunda instancia y así ha sido. Hemos llevado el caso a la Corte Suprema de Justicia y estamos a la espera de que derogue la condena a siete años y medio de prisión por «pertenencia» a las FARC. Demostramos hasta la saciedad la falsedad de esta acusación.

Cinco de nuestros compañeros han sido asesinados, uno está desaparecido, muchos han tenido que desplazarse internamente, otros están exiliados. Los que estamos allí estamos en una situación de amenaza constante. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha decretado medidas cautelares a nuestro favor, por lo que el Estado se ha visto obligado a darnos protección con carros blindados, que disminuyen un poco el riesgo y nos permite movernos un poco.

El propio presidente, Álvaro Uribe, ha arremetido contra la Corte Suprema de Justicia.

En estos siete años de Gobierno, la Corte Suprema de Justicia ha mostrado su intención de mantener la independencia judicial y de profundizar en la justicia penal. La Corte, a la que no se le puede calificar de ser de izquierda, guerrillera o «terrorista», ha sido capaz de sentar un precedente como el de llamar a la comunidad internacional a que la proteja, una comunidad internacional que, a veces, quiere hacerse la sorda y que le da más veracidad a las palabras de Uribe. Es importante que sepa que no puede pactar con un Gobierno que somete a la democracia a una presión tan fuerte tratando de eliminar al poder judicial. La UE debería de abstenerse de firmar acuerdos de libre comercio con Colombia mientras la situación no cambie. Los campesinos están siendo desplazados para quitarles sus tierras y puede ser que esos negocios acaben materializándose en tierras despojadas y hoy en manos de narcotraficantes y paramilitares. Por esa vía, Europa puede acabar siendo socia de éstos y de criminales de lesa humanidad.