Al consejero de Interior del Gobierno de Lakua, Rodolfo Ares, le sentó muy mal que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco revocara una prohibición de su departamento para que familiares de presos pudieran concentrarse en Arrasate portando fotografías de éstos. El auto se conoció el 24 de setiembre y ese mismo día Ares ya anunció que recurriría a la Audiencia Nacional, al tiempo que comenzó a lanzar acusaciones contra Etxerat por el contenido de su página web.

Al día siguiente, en el marco de un pleno parlamentario en el que el Partido Popular le preguntaba sobre «la prevención de incidentes en las fiestas patronales», Rodolfo Ares invitaba a la Cámara a que «analicemos la página web de la organización Etxerat. Porque esa organización no tiene solo como objetivo reclamar el acercamiento de presos a Euskadi; tiene, entre otros objetivos, reclamar que los quieren en casa, y, lo que es mucho más importante, tiene entre sus objetivos `remarcar el carácter político de nuestros familiares y de la lucha desarrollada por estos'. Y además tiene como objetivo reconocer su trabajo y rendirles homenaje».

De inmediato, Carlos Urquijo, del PP, le invitaba a que llevara esos datos a la Audiencia Nacional «para que suspenda su actividad y el Tribunal Supremo pueda reconocer este asunto y decretar su ilegalización».

Rodolfo Ares le respondió que «no tenga usted ninguna duda» de que iban a actuar así y anunció que ya había dado órdenes para ello».

Según información fechada el 14 de diciembre y enviada esta semana al Parlamento a petición también de Carlos Urquijo, el Departamento de Interior ya ha remitido el informe a la Audiencia Nacional y está a la espera «de que se nos indique si es necesario adoptar nuevas iniciativas de investigación».