Los dos partidos mayoritarios españoles, el Partido Popular y el PSOE sólo se ponen de acuerdo en temas de estado, y entre estos temas de estado se encuentra la sujeción y desnaturalización de los pueblos minoritarios que se tropiezan en su vida política, como son últimamente el País Vasco, Catalunya, Kosovo y Sahara.

En el País Vasco, los dos partidos acérrimamente adversarios y aún enemigos en el ámbito español, en cualquier nivel bien sea de economía o de política, se han puesto de acuerdo aludiendo a razones de estado para rechazar aún el nombre de Euskal Herria, ya que afirman que los vascos no son un pueblo que tenga derechos que no sean los reconocidos en la Constitución de 1978. ¡Como si los vascos hubieran aparecido en la historia occidental con la llegada de la transición!

Estos vascos que gobiernan en Euskadi por razones de estado no saben por qué se llaman vascos, ya que no aceptan la historia, ni los derechos, ni la lengua ni la idiosincrasia. Más aún, todas las peculiaridades de los vascos las reducen a las concesiones que esos dos mismos partidos «generosamente» permiten que estén en vigor, como la caricatura del Estatuto de Gernika o el Concierto Económico. Ciertamente estos vascos que gobiernan actualmente en Nafarroa, Araba, Bizkaia y Gipuzkoa no habrían recibido por las instituciones navarras ni vascas la «naturaleza» que el régimen foral exige para ser considerados verdaderamente vascos o navarros. Y estos textos forales (navarros y vascos) no han sido derogados, sino que han sido reconocidos en esta última constitución.

En Catalunya estos dos mismos partidos mayoritarios, de forma directa el PP al recurrir el Estatut ante el Tribunal Constitucional, o de forma ladina el PSOE por el apoyo concedido a un tribunal periclitado, caducado y cuyas decisiones serán recurridas en un futuro por falta de legitimidad, no reconocen que el pueblo de Catalunya sea una nación, como si ellos fueran los politólogos absolutos, en cuya única mano está la concesión de validez o invalidez del ser pueblo, nación, tener cultura y lenguas propias, el aspirar a ejercer el derecho de autodeterminación o de independencia.

En tercer lugar, el ridículo que España, aliada a Rusia, está representando en el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya es anacrónico y siempre que puede contrario al de los Estados Unidos. Aunque el máximo órgano judicial de la ONU le diera la razón (cosa que no es probable) como se la dio el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, en ambos casos España va, como siempre, contra la historia. España se olvida de que «el uso y la costumbre» en el derecho pirenaico y en otros muchos derechos, lo mismo que en la política inaugurada por Maquiavelo, deroga la ley promulgada y las sentencias dictadas. La práctica cotidiana y el desarrollo de la vida de los pueblos en pocos años le arrebatará tanto en Kosovo como en el País Vasco la vanagloria de unas sentencias tomadas contra los derechos y libertades individuales. La consejera jurídica española del Ministerio de Asuntos Exteriores ante el Tribunal de La Haya aportó tres argumentos en la defensa de su posición contra la independencia de Kosovo: 1) «la integridad territorial de Serbia»; 2) «el carácter provisional de las instituciones kosovares, que no facultaban la secesión», y 3) «la imposibilidad de actuar a espaldas de la ONU». ¿Acaso ha reflexionado España sobre las veces que en la historia ha actuado incorporándose territorios independientes «por deseo exclusivo de una de las partes»? Y terminó la letrada Concepción Escobar Hernández apelando a la fuerza del derecho frente a la política de hechos. ¡Cuántos referentes históricos podríamos enumerar en los que España ha actuado con hechos consumados contra el derecho internacional!

Por último, en el tema del Sahara la razón de estado del reino de España contraria al reconocimiento del pueblo saharaui va en contra de la mayoría de la ciudadanía española. Los ciudadanos españoles en estos últimos treinta años y sobre todo últimamente ya han hablado con los hechos y han dicho lo que piensan sobre los saharauis. Y sobre todo no acepta España la tan cacareada legalidad de la ONU. Las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, Minurso, son abundantemente conocidas e incumplidas, hasta la del 30 de abril de 2008 en el que se prorrogó hasta el 30 de abril de 2010 el mandato del referéndum del Sahara Occidental.

En esta larga espera de tantos años desde la Marcha Verde de 1975 hasta hoy día, nos encontramos hace poco con el heroico asunto de Aminetu Haidar, en el que tanto Marruecos como España se tomaron la legalidad al servicio de la propia conveniencia. Una vez más las libertades individuales de una ciudadana del mundo se tomaron a título de inventario. A la fuerza se la expulsó de Marruecos, a la fuerza se la acogió en territorio español y en ambos casos sin exigir como era debido la actuación de los tan citados tribunales y sometiéndola a un desproporcionado castigo de forma contraria a la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Se vulneró la normativa aérea internacional, y hay varios responsables españoles que la Audiencia Nacional no se atreverá a desvelar, ni mucho menos a procesar, que sometieron durante semanas a un inaceptable castigo a una ciudadana del mundo. Rabat y Madrid no son sino peones en la jugada de ajedrez del Mediterráneo Occidental. La ONU se ha mostrado igualmente ineficaz para decidir y practicar un referéndum en legitimidad. Parece que todos estamos abocados para solucionar los problemas enquistados al uso de la violencia pasiva. El Consejo decide establecer Minurso y pide a las partes que cooperen plenamente con el secretario general... a fin de que puedan celebrarse consultas con la esperanza y la expectativa de que ha de llegarse a un acuerdo sobre los protocolos para las actividades de identificación, las apelaciones y la planificación de la repatriación, así como sobre la cuestión fundamental del calendario de ejecución...

Estamos ante el tema de la globalización y el reconocimiento de los pueblos del mundo. Nicolás Sarkozy ha marcado su postura en el candente tema francés de su identidad nacional. Por eso afirma que los pueblos son acogedores pero exigen que ni su modo de vida ni su manera de pensar sean «desnaturalizados». Más aún, afirma que la globalización exige una necesidad mayor de aferrarse a las propias raíces. Del mismo modo, los suizos se han decantado en el referéndum sobre los minaretes islámicos en razón de salvaguardar su identidad nacional.

¿Por qué son tan egoístas los estados nacionales, que como fórmula política sabemos de su origen y que están llamados a desaparecer en un futuro próximo, con los pueblos que buscan su supervivencia a través de un proceso de autodeterminación o de independencia?