Al día siguiente de que el TSJPV anulara, el 24 de setiembre pasado, la prohibición de una manifestación de Etxerat, el parlamentario del PP Carlos Urquijo pidió a Rodolfo Ares que enviara a la Audiencia Nacional datos sobre Etxerat. Llegaba tarde. El consejero de Interior de Lakua ya había dado las órdenes oportunas. El informe de Interior ya ha sido remitido a la Audiencia. A la misma que prohibió, entre otras, la manifestación cuya prohibición había anulado el TSJPV. Cualquier ciudadano de Euskal Herria sabe del trabajo de la asociación de familiares de presos vascos, y sabe que una amplia mayoría, reflejada en ocasiones en diversas instituciones, incluido el Parlamento de Gasteiz cuando no existía el apartheid político, apoya sus reivindicaciones. Una mayoría que abarca gran parte del espectro político, sindical y social, como muestran las miles de adhesiones individuales y las de innumerables partidos, sindicatos y otros colectivos a esas reivindicaciones que el día 2 de enero tendrán como escenario las calles de Bilbo. Ayer mismo ELA mostraba su «solidaridad con las familias de todos los presos y presas» y hacía un llamamiento a participar en esa manifestación. Sin embargo, la labor de Etxerat no sólo no es del gusto del consejero de Interior, lo cual es legítimo, sino que además éste pretende prohibirla, algo realmente difícil de llevar a cabo con criterios democráticos.