Eusko Alkartasuna, Aralar, la izquierda abertzale, Alternatiba y Abertzaleen Batasuna decidieron el pasado jueves, menos de veinticuatro horas después de que la Audiencia Nacional española vetara la manifestación de Etxerat, convocar una nueva marcha para hoy en Bilbo en defensa de los derechos de los presos políticos vascos con el mismo lema que la anterior, «Dagozkien eskubideen jabe, euskal presoak Euskal Herrira». Su rápida reacción la enmarcaron en lo que estimaron «un ataque directo contra la libertad de expresión y el derecho a reunión».

Para estas cinco formaciones políticas, a las que se unieron más tarde la mayoría sindical vasca y otros agentes, es necesario el compromiso de la ciudadanía para conseguir «dejar sin efecto la política penitenciaria criminal en vigor». «Debemos impulsar entre todas y todos una gigantesca ola para concluir estas vulneraciones», subrayaron en su reflexión Peio Urizar, Jon Abril, Tasio Erkizia, Jon Lasa y Mertxe Colina, que insistie-ron en que la política diseñada por los gobiernos español y francés «viene produciendo un inmenso sufrimiento en Euskal Herria».

«La dispersión, el castigo para toda la vida, la no liberación de las personas presas con enfermedades graves e incurables, el aislamiento, las amenazas, los golpes, los insultos, las palizas, la continua violación de las comunicaciones o los desplazamientos arbitrarios son el pan de cada día para los presos políticos vascos», declararon.

También resaltaron que cada fin de semana «miles de personas son condenadas por la dispersión a un corredor de la muerte, para una visita de 40 minutos, con el riesgo de perder la vida en cualquier esquina de cualquier carretera».

Dignidad y Justicia, a la carga

En su afán por que los tribunales impidan cualquier movili-zación en defensa de los derechos de los represaliados vascos y sus familiares, la asociación ultraderechista Dignidad y Justicia pidió ayer al juzgado de guardia de la Audiencia Nacional que prohíba la marcha convocada por los cinco partidos políticos vascos.

En un escrito, al que tuvo acceso Europa Press, el presidente del colectivo, Daniel Portero, reclamó la prohibición de la iniciativa, que estima que supondrá un acto de «enaltecimiento del terrorismo» así como «un desafío y un pulso a la Justicia». La convocatoria, dijeron desde Dignidad y Justicia, tiene el mismo objetivo y lema que la convocada por Etxerat.

Portero entiende que los responsables de esta «nueva y fraudulenta» convocatoria no pretenden más que «escurrirse por resquicios fraudulentos para celebrar imperiosamente la manifestación que tenía convocada Etxerat». «Los partidos han tomado la decisión de desafiar al Estado de Derecho y vuelven a convocar la manifestación con el mismo lema, el mismo día, en el mismo lugar y a la misma hora», recalcó, obviando que la marcha impulsada por los partidos partirá de otro punto, Sagrado Corazón, alejado de la plaza Aita Donostia.

Otro habitual en la exigencia de prohibición de movilizaciones en favor de los derechos de los presos, el parlamentario del PP en Gasteiz Carlos Urquijo, pidió ayer al consejero de Interior de Lakua, Rodolfo Ares, que «no pique el anzuelo» de los convocantes y vete la marcha que, a su juicio, «humilla a las víctimas» y servirá para «homenajear a quienes han causado tantas muertes». «Lo que hacen los convocantes es repetir el objeto de esa manifestación que había sido prohibida, porque se convoca el mismo día, con el mismo motivo y el mismo lema».

A su vez, el secretario general del PSE de Araba, Txarli Prieto, expresó su convicción de que la marcha se celebrará si cumple «los requisitos legales; si es así, que se haga, y si no cumple, que no se haga». Aclaró que, en todo caso, es una decisión que «depende de la Justicia y del Departamento de Interior».

Sin embargo, Prieto advirtió de que «desde el punto de vista político, esa manifestación ni se necesita, ni es esperada por la sociedad, ni contribuye a nada, ni resuelve nada».