Estas fechas tan cargadas de ficciones afectivas en las que se exalta con fines consumistas el estar en familia y el reunirse con los tuyos, son muy duras para quienes están en prisión. No nos olvidemos que finales de diciembre y principios de enero son fechas en las que aumenta considerablemente la incidencia de muertes y suicidios en prisión. Queremos por eso enviar nuestro más sincero apoyo y, decir a las personas presas que se sientan desesperadas que no se dejen llevar por este clima navideño y que si necesitan apoyo, nos escriban a quienes tratamos con nuestras limitadas posibilidades de brindarles nuestra mano.

Queremos además recordar que en las cárceles permanecen recluidas miles de personas que, según el principio de presunción de inocencia y debido a los retrasos en la Administración de Justicia, esperan innecesariamente una sentencia judicial absolutoria o condenatoria, y también denunciamos el ensañamiento con los cientos de personas que cumplen condenas injustas, excesivamente largas, en condiciones de encarcelamiento contrarias al respeto a los derechos fundamentales, a la vida, a un trato digno, a la intimidad, alejadas de sus lugares de origen y residencia, entre otros derechos de los que no se les ha privado en el fallo condenatorio.

Ya lo anunció el ministro de Interior de turno: a las cárceles, y por extensión al proyecto de progresiva edificación del estado penal, no le afecta la crisis; por el contrario, la construcción del imaginario de la crisis que facilita el desempleo, la precariedad, la explotación y la desesperación de los sectores más desfavorecidos de la sociedad favorece la justificación de la necesidad de reforzar las políticas criminales y, entre ellas, justifica el negocio de la construcción de macrocárceles que se llenarán de personas reclutadas de entre los sectores más desprotegidos y depauperados de la sociedad.

En general, continuamos asistiendo al retroceso e involución en la política carcelaria que, siendo cada vez menos garantista y reinsertadora, lo es más vengativa y represora. Después de 30 años en los que se inició la llamada «reforma penitenciaria», cada vez hay más personas encarceladas, falla la prevención, falla el tratamiento social del delito y fallan sobre todo las políticas de encierro como forma de afrontar la lucha contra el delito. Además, siguen siendo perseguidos y encarcelados los mismos de siempre, los infractores de las leyes penales fracasados, mientras que los delincuentes exitosos y cuyos delitos son de la misma o de mayor gravedad se siguen librando de la intervención del sistema de justicia criminal. Vamos a repasar algunas de las muchas situaciones que se han producido este último año y que reflejan la atrocidad con la que el Estado trata a algunos de sus ciudadanos díscolos:

1. Hacia dentro de la prisión, continúa el goteo de muertes por motivos no naturales, de personas jóvenes que en otras condiciones no privativas de libertad no habrían fallecido; es decir, las cárceles siguen de luto. Así, por ejemplo, en el último año dos personas jóvenes encarceladas fallecen en las celdas de la penitenciaría alavesa por motivos no naturales. El denominador común es que estas víctimas de la cárcel no recibieron la asistencia sanitaria que necesitaban, privándoseles así del derecho a la salud y a la vida. Con estos dos fallecimientos, y según fuentes oficiales, son ya 16 las personas que han perdido la vida en esta cárcel en los tres últimos años.

Queremos recordar que el último preso muerto era natural de Bizkaia. Fue hallado sin vida en su celda el pasado 12 de septiembre, aunque el suceso no se dio a conocer hasta casi tres semanas después. El informe provisional de la autopsia señaló como causa de la muerte «edema pulmonar» e «insuficiencia respiratoria crónica». Sin embargo, según comunicó la propia familia del fallecido a la asociación Salhaketa, se encontraba mal «desde hacía tiempo» y, en concreto, el día de su muerte no quiso salir al patio con el resto de los reclusos, ni siquiera ir a cenar. Fueron dos de sus compañeros los que encontraron al preso agonizando al regresar a la celda. «A pesar de ello, portavoces de la prisión tuvieron la desfachatez de decir a la familia que había sufrido una muerte dulce». Fue una nueva crónica de «una muerte anunciada», debido a la existencia de evidencias suficientes para afirmar que no recibió los cuidados necesarios en vista de su delicado estado. Además, resulta «grave» la «política de ocultamiento» que mantiene la Dirección del Centro Penitenciario y el retraso con el que llega habitualmente todo tipo de información desde la cárcel de Langraiz, incluso cuando se trata de comunicar el fallecimiento de algunas personas presas a sus familiares.

El anterior suceso mortal en la cárcel alavesa ocurrió la víspera de Nochevieja y el 30 de diciembre se cumplió un año. Fue un joven alavés a quien se le administró una sobredosis de Metadona, estando pendiente aún el resultado de la autopsia para poder esclarecerse las causas de su repentina muerte. Entonces fue el propio médico forense quien le dio la noticia a su pareja. El fallecido había entrado en la cárcel tan sólo diez días antes y ocho jornadas después fue juzgado y volvió a prisión. Allí falleció.

Por todo ello, seguimos instando a la Dirección General de Prisiones, al Ministerio de Interior y al Gobierno central a que expliquen cómo va a terminar «con esta terrible situación». ¿Cuántas muertes han ocurrido realmente? ¿Quiénes eran los muertos? ¿Cuáles fueron las causas que las provocaron? ¿Qué medidas preventivas se establecieron? ¿Por qué no se excarceló a personas en avanzado estado de enfermedad?... Son algunas de las interrogantes que lanzamos y sobre las que el Gobierno guarda un macabro silencio. Queremos destacar que estas situaciones son inaceptables, sobre todo cuando la mayoría de esas muertes podrían evitarse simplemente con la aplicación estricta de la actual legalidad vigente.

2. Por otra parte, la gran mayoría de las personas presas con residencia administrativa en la CAPV siguen cumpliendo sus condenas en prisiones alejadas de su lugar de origen, no sólo a quienes se les aplica la política de dispersión, sino también el resto (aproximadamente 1.400 es el total de penados con residencia administrativa en la CAPV, y cumplen fuera casi 900; es decir, aproximadamente dos de cada tres personas presas vascas cumplen fuera), afectando especialmente a madres lactantes o con criaturas menores de tres años a su cargo, a jóvenes menores de 30 años, a personas inmigrantes con arraigo en la CAPV, entre otros colectivos.

3. Este año, la Dirección de Prisiones informo a la corporación municipal de Iruña de Oca de que en el actual Plan de Amortización y Construcción de Centros Penitenciarios vigente desde 1991 no figura el cierre de la actual macrocárcel, lo que convertirá, si no lo evitamos, a Araba, desde un punto de vista estadístico, en la provincia del Estado con la mayor tasa de población encarcelada por habitante, siendo paradójicamente la que menores índices de criminalidad registra en el Estado, y al municipio de Iruña de Oca en uno de los más importantes municipios carcelarios del mundo.

4. Menos mal que al menos hay una cuestión positiva que tiene un importante valor, al menos simbólico: la sentencia condenatoria al ex subdirector de Nanclares de Oca por el delito de coacciones sexuales a mujeres presas, sentencia tan difícil de conseguir por la impunidad con la que se funciona dentro de prisión y la imposibilidad de visibilizar y probar las situaciones de malos tratos y violación de derechos fundamentales. Es un precedente jurisprudencial muy importante para en un futuro tratar de evitar esas situaciones, aunque somos conscientes de su limitado alcance.

Pero no vamos a rendirnos ante la prepotencia de quienes están construyendo una sociedad carcelaria. En primer lugar, decir que ni mucho menos damos por hecho la construcción de nuevas cárceles, y vamos a seguir con la campaña de oposición a su construcción y a favor del cierre de las actuales. En ese sentido, hemos hecho un llamamiento a todos los agentes sociales, políticos y sindicales para que se manifiesten en contra y convocado una movilización social para finales de enero.

Además, vamos a seguir con el apoyo práctico a las personas presas para facilitar su salida de prisión. A pesar de nuestra preocupación por el recorte en protección social con la disculpa de la crisis, que entre otras cosas para esto se activó, para hacer posible la desprotección social. De hecho, tal y como ya hemos indicado, la crisis no ha afectado al negocio penal, ahí están los datos: más funcionarios de prisiones, más centros de reclusión, más inversión y gasto público en policías, jueces y demás operarios del derecho penal mientras se anuncia el recorte de las ayudas a las entidades sociales que trabajamos contra la exclusión social cada vez más grave. Nuestra intención estará puesta en continuar con el apoyo a las víctimas del sistema policial, penal y carcelario y forzar el diálogo social hacia nuevas formas de entender y organizar la prevención y lucha contra el delito desde las políticas sociales y no desde las políticas criminalizadoras.