Los datos sobre el desempleo facilitados ayer por el Servicio Público de Empleo español (antiguo INEM) confirman con rotundidad que la crisis la siguen pagando los trabajadores. Las cifras no dejan resquicio para la duda, por mucho que desde las instancias oficiales se esfuercen por maquillar la realidad: en el último mes del año, el paro en Hego Euskal Herria afectó a 2.151 personas más; el año 2009 terminó con 168.854 parados, cerrando un ciclo de casi 18 meses consecutivos de destrucción de empleo; en los territorios de Hegoalde el paro ha crecido un 26,4% en el último año, porcentaje que se dispara hasta el 66% si la comparación es con junio de 2008. Habría que remontarse hasta marzo de 1997 para encontrar una cifra de desempleo similar a la actual en los territorios vascos.

Pero es que, si la comparación se hace con el exterior, esos datos resultan todavía más alarmantes, puesto que desde el comienzo de la crisis, la destrucción de empleo en la Unión Europea apenas ha rozado el 30%. La explicación es evidente, mientras en la mayoría de los países europeos el devenir del paro se ha movido en niveles directamente relacionados con la crisis, en Hego Euskal Herria los empresarios han aprovechado la coyuntura para destruir puestos de trabajo de forma abusiva, amparados por una legislación permisiva y una estructura laboral basada en el empleo precario y temporal.

En todo caso, lo peor está aún por llegar. El fin de la crisis se divisa lejano en nuestro entorno y, mientras el paro seguirá creciendo durante meses, amplios sectores sociales se sitúan por debajo del umbral de la pobreza. Más de la mitad de la población parada no ingresa ya prestación por desempleo y una de cada tres personas sin empleo no recibe ninguna clase de ayuda, ni contributiva ni asistencial. En el caso de los inmigrantes, la situación es aún más extrema, puesto que acumulan un nivel de paro seis puntos por encima del resto de los trabajadores. Todo, mientras los niveles de beneficios de las grandes empresas se mantienen incólumes.