El Tribunal de Apelación de Burdeos analizará mañana la petición de entrega realizada por la justicia española contra el abogado Joseba Agudo. El Supremo francés ha resuelto repetir la vista por la euroorden, al entender que la sentencia emitida en noviembre por el Tribunal de Pau «no se ha ajustado a la legislación» vigente.

La letrada Maritxu Paulus-Basurko, que ejerce la defensa de Agudo, explicó en declaraciones a GARA que la decisión adoptada por la Corte de Casación llega después del recurso que presentó contra la primera resolución y supone comenzar de nuevo con todo el proceso.

En la vista llevada a cabo el pasado 10 de noviembre, Paulus-Basurko ya anunció que interpondría un recurso al entender que la euroorden tramitada por la Audiencia Nacional contra su defendido adolecía de un «defecto de forma».

La abogada resaltó ante el tribunal, y volvió a recordar ayer, que la petición de entrega de Agudo está basada en informaciones recabadas tras las detenciones de varios militantes vascos en Burdeos en 2008. Según señaló, la euroorden sólo puede aceptarse por presuntos delitos cometidos en el territorio de donde emana la demanda y, en este caso, los hechos que se le imputan no se habrían producido en el Estado español.

A pesar de que la abogada pidió que no se admitiera la euroorden, el Tribunal de Pau dio luz verde el 17 de noviembre a la petición de entrega realizada por las autoridades españolas.

La primera vista tuvo que ser retrasada durante varios días porque Agudo fue trasladado al hospital en los días posteriores a su arresto, al padecer problemas de salud. Sin embargo, Paulus-Basurko afirmó que el abogado de Errenteria se encuentra ahora en buen estado. Permanece encarcelado en la prisión de Muret-Seysses desde el pasado 28 de octubre.

Detención anunciada en TVE

Agudo fue arrestado en Hendaia, localidad en la que reside, muchas horas después de que su detención fuera anunciada en un programa matutino de TVE. De forma sorprendente, cortaron la emisión y hacia las 9.00 de la mañana dieron una noticia en la que aseguraban que la Guardia Civil había detenido al abogado en una operación contra el «entorno de ETA» en Gipuzkoa.

Tras el titular apuntaron que se iba a producir una redada de envergadura, ya que la operación policial continuaba «abierta» y que se esperaban más detenciones.

Sin embargo, en ese momento Agudo no había sido detenido y hasta una hora después la Guardia Civil no se personó en el despacho de Oiartzun en el que trabajaba. Y es que varios medios de comunicación llegaron antes que las FSE al edificio de Mamut -ahora Alcampo- y se encontraron con que no había nadie.

Los agentes del instituto armado registraron durante casi siete horas el local y hacia las 19.30 procedieron a efectuar otro registro en el domicilio de su padres en Errenteria. Pocos minutos después, el abogado guipuzcoano era detenido en Hendaia por la Policía francesa en base a una euroorden emitida por la Audiencia Nacional.

Hasta el día siguiente de su arresto no se confirmó que el juez Fernando Grande-Marlaska, que es el instructor del caso, acusaba al letrado vasco de «formar parte de ETA y actuar como enlace entre ETA y militantes huidos en el extranjero».

Durante las primeras horas se especuló con que el operativo policial estaba relacionado con la detención de Arnaldo Otegi, Rafa Díez y el resto de militantes de la izquierda abertzale un par de semanas antes. También fue vinculado con el arresto del supuesto militante de ETA Zuhaitz Errasti y con una operación contra «la ilegalizada Askatasuna» por haber sido abogado.

Finalmente, las agencias de información españolas aseguraron que el arresto de Agudo guardaba relación con la detención en 2008 en Burdeos de Javier López Peña, Ainhoa Ozaeta, Igor Suberbiola y Jon Salaberria.

Apoyo internacional

La labor que realizó durante años con los exiliados políticos vascos llevó a Agudo a viajar por todo el mundo haciendo frente a extradiciones de represaliados o dando a conocer el conflicto en Euskal Herria. Por eso, tras su arresto han sido numerosas las personalidades, letrados y organizaciones que han reclamado su puesta en libertad, sobre todo desde Latinoamérica.

Incluso en la primera vista en la que se examinó la euroorden en su contra participó el decano del Colegio de Abogados de Pau, Jean-François Blanco, que incidió en el derecho de los letrados a ejercer libremente su trabajo de defensa.