La defensa del dirigente independentista Arnaldo Otegi, ejercida por la abogada Jone Goirizelaia, presentó ayer en los tribunales una querella contra el diario «Deia» por la información que publicó el pasado 22 de diciembre sobre una supuesta carta que atribuyó a Arnaldo Otegi. El político de Elgoibar ha negado rotundamente que haya escrito carta alguna en los términos recogidos por este diario. La denuncia requiere, además, que «Deia» presente la supuesta carta que atribuyen a Otegi en la causa judicial.

Aunque el artículo publicado por «Deia», y que el mismo día fue reproducido por el resto de medios del Grupo Noticias, no estaba firmado, la querella se dirige contra el redactor o redactora que la escribió y, en caso de que no sea posible su identificación, contra el director del citado rotativo, Iñigo Camino.

Atendiendo a que el propio artículo afirma que la supuesta misiva fue escrita por Arnaldo Otegi desde la prisión de Soto del Real, donde sólo permaneció tres días antes de ser trasladado a la cárcel de Estremera, la defensa también solicita la imputación del funcionario de prisiones que habría posibilitado la filtración de esa supuesta carta a los medios.

Por consiguiente, también recoge la petición de que el Ministerio de Interior español envíe los datos del o de los funcionarios que realizaron la intervención de las comunicaciones de Otegi en Soto del Real, para su posterior citación en calidad de imputados. Si bien se desconoce si Otegi tenía las comunicaciones intervenidas por mandato judicial, la demanda solicita que el juzgado que instruye Garzón certifique si eso era así y, en caso afirmativo, si autorizó la difusión pública de la supuesta carta. Hace la misma petición para el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria.

Con intencionalidad política

La demanda interpuesta ayer añade la solicitud de que se tome declaración en calidad de damnificado a Arnaldo Otegi, así como que se requiera al diario «Deia» que aporte la carta en base a la cual se realizó la información publicada en diciembre.

El escrito de demanda recoge las referencias a los artículos del Código Penal español, así como de la Constitución española, en las que se recoge el derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones. Más allá de analizar la intervención de la correspondencia, la defensa de Otegi se centra en el apoderamiento de su contenido sin su permiso y en su empleo posterior, con el envío de una supuesta carta a los medios de comunicación, con una más que evidente intencionalidad política.