«Estamos trabajando sobre ese punto y creo que llegaremos a una fórmula que satisfará a todas las partes, pero lo importante es que los ciudadanos estén tranquilos, porque internet va a seguir siendo siempre, porque es imparable, esa vía de comunicación, de expresión y herramienta de trabajo que es para muchos, además de contribuir a la difusión de la cultura», dijo la ministra de Cultura española en declaraciones a periodistas en los pasillos de la sede del Consejo de Europa tras presentar el programa cultural de la Presidencia española de la UE. Lo cierto es que Ángeles González-Sinde no quiso adelantar gran cosa sobre la fórmula «antipiratería» de contenidos culturales y que se conocerá este viernes tras el Consejo de Ministros. González-Sinde no quiso dar detalles de los planes del Gobierno, pero sí justificó por qué esas normas figurarán como norma o reglamento dentro de la Ley de Economía Sostenible: «Lo vemos cada día, el nuevo modelo de economía de la sociedad tiene que ver muchísimo con la divulgación del conocimiento y el derecho al acceso a las nuevas tecnologías».

La ministra no explicó cuál será la fórmula, aunque tampoco era necesario, ya que «El País» la filtraba en su edición de ayer. Su elemento principal es la denominada Comisión de Propiedad Intelectual, un organismo administrativo dependiente del Ministerio de Cultura, compuesta por expertos relacionados con el sector y ante la que los propietarios de los derechos -sea una productora cinematográfica, una discográfica o el propio autor- denunciarán a la página que está comercializando, almacenando o enlazando sin autorización un archivo suyo, como una película, una canción o un videojuego. La comisión, tras analizar el caso, se lo notificará a la página web y le pedirá que presente sus alegaciones. Si no le convencen, le dará un plazo para que retire los archivos denunciados y, si no lo hace, la comisión pedirá entonces ante el juez medidas cautelares de cierre (en las páginas estatales) o de bloqueo (en las extranjeras). El quid de la cuestión está aquí, en el papel del juez, ya que, a tenor de lo filtrado -y, en este extremo, la información resulta un poco contradictoria-, la cuestión quedaría en sus manos... aunque su papel consistiría únicamente en decidir si la comisión es pertinente para ordenar el cierre de la página web; es decir, si se vulnera el derecho a la libertad de información o expresión. El fondo de la cuestión quedaría para después, a tratar en los tribunales ordinarios, pero el cierre se decidiría, sin embargo, de forma rápida; en menos de un mes. De hecho, esta fórmula se supone que intentaría conciliar dos fórmulas -la administrativa con la judicial-, cara a contentar tanto a los internautas, que exigen una autorización judicial previa, como a la industria cultural, representada por la llamada Coalición de los Creadores, que pide medidas rápidas para acabar con las descargas ilegales. Sin embargo, en la red, las reacciones ayer no eran precisamente favorables.