El Ministerio Público de Honduras pidió ayer a la Corte Suprema de Justicia que emita una orden de captura contra la cúpula de las Fuerzas Armadas por la expulsión del país del depuesto presidente, Manuel Zelaya, el 28 de junio pasado, y solicitó la apertura de un proceso judicial, toda vez que la Constitución prohíbe la expatriación de hondureños.

El fiscal contra la Corrupción, Henry Salgado, confirmó a los periodistas que presentó ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) un requerimiento fiscal contra la Junta de Comandantes de las Fuerzas Armadas, encabezada por el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Romeo Vázquez, e integrada por otros cinco oficiales.

Salgado explicó que presentó el recurso ante la CSJ porque se trata de «altos funcionarios» del Estado y que se acusa a la Junta de Comandantes de los delitos de abuso de autoridad y expatriación por haber expulsado a Zelaya hacia Costa Rica el 28 de junio, cuando los militares le sacaron por la fuerza del poder.

La CSJ deberá nombrar, entre sus 15 magistrados, a un juez especial para que lleve este caso.

Dispuesto a presentarse

El general Vázquez aseguró en San Pedro Sula (norte), donde cumple una visita de trabajo, que desconoce la acción del Ministerio Público pero que está dispuesto a presentarse ante la justicia.

«Todavía no tengo la información, vamos a tratar de investigar», pero ante «cualquier situación que se presente (...) vamos a someternos a la justicia hondureña si es necesario porque nosotros somos hombres de ley», aseguró.

La acción de la Fiscalía coincide con la presencia en Honduras del subsecretario de Estado adjunto para el Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Craig Kelly.

El Congreso Nacional tiene pendiente discutir en los próximos días una amnistía política para los involucrados en la crisis causada por el derrocamiento de Zelaya.