Viernes, 11 de enero de 2002. Toma tierra un avión militar con veinte hombres a bordo, todos ellos encapuchados y amarrados con correas al suelo de la aeronave. Tras su llegada, todos son encerrados en una especie de jaulas al aire libre. Hablamos, cómo no, de la inauguración del centro de detención de Guantánamo. Y fue así como una base que hasta entonces había sido de segunda categoría y con una escasa dotación militar, pasó a convertirse en el penal más defendido y más polémico del mundo.

La historia de este conocido centro de detención -ubicado en la base militar instalada en Cuba desde 1898 en virtud a un acuerdo bilateral firmado entre La Habana y Washington, bajo una gran presión estadounidense- se remonta al 11 de setiembre de 2001, cuando la Administración de George W. Bush inicia su «guerra contra el terrorismo» tras los ataques a las Torres Gemelas neoyorquinas y al Pentágono, en los que fallecieron alrededor de 3.000 personas.

Sólo seis días después, el 17 de setiembre, Bush autorizaba mediante un memorando -según reproduce Telesur- a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) la instalación de centros de detención fuera del territorio estadounidense. Además, se precisaban las formas en las que ese organismo debía actuar en la aplicación del programa.

Un mes después, EEUU había iniciado la guerra en Afganistán y el entonces inquilino de la Casa Blanca decide firmar una orden ejecutiva sobre «la detención, tratamiento y enjuiciamiento de ciertos extranjeros en la guerra contra el terrorismo».

A finales de 2001, Bush da la orden de que los presos sean enviados a Guantánamo, ya que ese lugar no es territorio estadounidense, por lo que los tribunales federales no están facultados para examinar las peticiones de habeas corpus presentadas por «combatientes enemigos» detenidos en la base.

Unos meses después, el entonces secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, aprueba técnicas de interrogatorio para su uso discrecional en Guantánamo, que incluyen encapuchar y desnudar a los detenidos, la privación sensorial, el aislamiento, las posturas en tensión y el uso de perros para «inducir estrés». La decisión es revocada apenas seis semanas más tarde, estableciendo que para la utilización de esos métodos se requiere la autorización de Rumsfeld. Ese mismo mes, mueren dos afganos detenidos.

«Las autoridades han puesto a los internos fuera del alcance de la ley. Esto significa que, después de 18 meses de cautiverio, los internos siguen sin tener idea alguna sobre su suerte y ningún medio de recurso en virtud de ningún mecanismo legal», dijo el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) el 30 de marzo de 2004, tras una visita a la base militar en la isla de Cuba.

Para 2006, algo más de 500 personas provenientes de 35 países diferentes continuaban recluidas en esta prisión, bajo la acusación de «desarrollar actividades vinculadas con el terrorismo», aunque sin ser procesadas, y en innumerables casos, sin tener siquiera acceso a un abogado.

Señales de esperanza

Sin embargo, un viso de esperanza se abrió cuando Barack Obama tomó el relevo de Bush al frente del Ejecutivo estadounidense y prometió -el 22 de enero de 2009- la clausura del centro de detención en un plazo inferior a un año. Fue, sin duda, un acto cargado de simbolismo que representaba la ruptura con la política esgrimida por su antecesor, que quiso convertir Guantánamo en un lugar al margen de las leyes estadounidenses y del derecho internacional.

No obstante, Obama se topó con la resistencia del Congreso, incluso de su propio partido, a trasladar a algunos de los detenidos a suelo estadounidense, al tiempo que sobrestimó la disponibilidad de sus aliados a aceptar a otros. La tarea de encontrar un destino a los reclusos se le ha complicado aún más a Washington tras el atentado fallido contra un avión cuando se disponía a aterrizar en Detroit el día de Navidad, presuntamente llevado a cabo por un nigeriano entrenado en Yemen.

Tras ese intento de atentado, la Casa Blanca anunció que detendría las repatriaciones de los yemeníes, que constituyen el grupo más numeroso de prisioneros, pues actualmente hay 92 en la base militar, según el recuento realizado por el Centro de Derechos Constitucionales, cuyos abogados representan a muchos de los reclusos. En Guantánamo había 242 encarcelados cuando Obama asumió la Presidencia del país hace un año, y su Gobierno ha liberado y transferido a 44.

El Partido Republicano ha utilizado el suceso del avión de Navidad para actualizar su oposición al plan del Ejecutivo de transferir a territorio estadounidense a algunos detenidos de Guantánamo. En ese sentido se manifestó el senador John King, quien afirmó que «hay una buena razón por la cual el Gobierno ha tenido tanta dificultad en enviar a estos terroristas a otros países. Son lo peor de lo peor. Nadie los debería querer».

La Administración Obama quiere trasladar a algunos de ellos a la localidad de Thomson, en Illinois, donde hay una prisión estatal vacía que el Gobierno federal compraría y adaptaría para elevar su nivel de seguridad. Para ello, necesita que el Congreso le dé fondos y que modifique una ley que sólo permite la entrada de prisioneros de Guantánamo en EEUU para ser juzgados.

El Ejecutivo ha evitado, sin embargo, aventurar cuándo podrían darse esos pasos, que considera indispensables para cerrar el centro de detención. El Pentágono encerraría en el centro penitenciario de Thomson a reclusos que considera peligrosos, pero contra los cuales no tiene evidencias suficientes para procesarlos o cuyas pruebas en contra serían inadmisibles en un juicio por haber sido obtenidas bajo tortura.

Parafraseando a Telesur, «cuando el anuncio de la clausura definitiva de Guantánamo se haga realidad, terminará la historia de un sitio donde la injusticia humana prevaleció, a grandes escalas, desde su creación. Ataviada con una supuesta `lucha contra el terrorismo', se justificaron miles de actos violentos contra seres humanos, sin contar al menos con una defensa legal».