El Proyecto de Ley de Cine en Catalunya exige una cuota del 50% de la distribución en catalán
El Proyecto de Ley del Cine de Catalunya, aprobado ayer, levanta ya ampollas entre las «majors»: el 50 por cien de los estrenos deberán distribuirse con su versión en catalán y en su totalidad en DVD.
GARA | BARCELONA
La futura ley persigue tres objetivos, según explicó ayer el conseller de Cultura, Joan Manuel Tresserras: «Fortalecer el sector cinematográfico, para superar la etapa del apoyo a la producción del cine, y que se extienda a todos los segmentos; garantizar la diversidad y mejorar la oferta de cine europeo; y que haya una oferta subtitulada o doblada equiparable en catalán y castellano». El proyecto de ley establece el marco normativo por el que se regirán las industrias cinematográficas, la producción, la distribución, la comercialización y exhibición de obras cinematográficas y audiovisuales, así como aquellos aspectos relacionados con el fomento del cine y la preservación y difusión del patrimonio cinematográfico. El conseller explicó que ha pedido que el proyecto se tramite por la vía de urgencia en el Parlament, lo que permitiría que la nueva normativa entrara en vigor el próximo mes de junio.
El Govern lo ha aprobado a pesar del fuerte rechazo de las grandes distribuidoras, las denominadas majors norteamericanas. La iniciativa pretende «que el mercado garantice de manera efectiva el derecho de los ciudadanos de Catalunya a escoger ver cine en la lengua propia del país». En 2009, el 97,1% de las películas que se exhibieron en Catalunya estaban dobladas o subtituladas en castellano, mientras que sólo el 2,9% fueron dobladas o subtituladas al catalán, dijo Tresserras. Con el objetivo de garantizar la diversidad lingüística, el proyecto de ley prevé que cuando se estrene un largometraje cinematográfico en Catalunya, doblado o subtitulado, las empresas distribuidoras deberán distribuir el 50% de todas las copias en versión en catalán y deberán respetar este equilibrio lingüístico en la publicidad que se haga. Esta obligación debe respetarse tanto en el cómputo de las copias distribuidas en versión doblada como en el número de copias distribuidas en versión subtitulada, y, según Tresserras, quedan exentas del cumplimiento de la obligación las películas en versión original castellana o catalana y las europeas de las que se distribuyan en Catalunya menos de 16 copias.
Esta obligación, según recoge el articulado, se podrá implantar de forma progresiva con un plazo máximo de cinco años, aunque las distribuidoras podrán aplicar plenamente la obligación en un período inferior si lo consideran conveniente. En el caso de la distribución por canales diferentes a la proyección en salas, como es el DVD, el proyecto de ley prevé que se debe incluir la versión en lengua catalana en el menú de idiomas.
El conseller anunció que se prevé asimismo la creación de la Red Concertada de Pantallas Cinematográficas de Cataluña, que programarán preferentemente cine en versión original subtitulada y cine producido en Catalunya. Preguntado por el futuro de la ley en el Parlament, Tresserras comentó que no esperan grandes cambios, porque en el proceso previo ha habido un debate prolongado.
Las infracciones se clasifican en muy graves, graves y leves y las sanciones oscilarán entre 75.000 y 4.000 euros. En cuanto al incumplimiento de la obligación de distribución, la sanción puede oscilar entre 5.000 y 1.000 euros por copia que no cumpla con la obligación.
El conseller de Cultura destacó la opción de los Cines Verdi, especializados en Versión Original Subtitulada, de hacer la doble subtitulación -algo habitual en países como Bélgica-, porque «cada vez se va a mercados más multilingües», y abogó por ver las lenguas «como un enriquecimiento y no como un obstáculo».
El Gremio de Empresarios de Cines de Catalunya y la Federación de Distribuidores Cinematográficos (Fedicine) mostraron ayer su rechazo al proyecto de ley, porque consideran que «provocará la caída de oferta cinematográfica y la pérdida de casi 2.000 puestos de trabajo». Las citadas asociaciones negaron en un comunicado que se trate de una ley consensuada con el sector, en contraposición a las palabras del conseller de Cultura, Joan Manuel Tresserras, y aseguraron que la consejería ha ignorado todas las propuestas del sector y que desde Presidencia ni siquiera se ha dado respuesta a la petición formal de reunión solicitada el 18 de diciembre por el Gremio y Fedicine.
Los representantes del sector recordaron que una de las peticiones principales del sector había sido la retirada de las cuotas y añadían que el proyecto de ley «va en contra de los gustos cinematográficos del 80 por ciento del público catalán». «Esperamos que durante la tramitación parlamentaria los grupos políticos pongan cordura a una ley improvisada que ha sufrido modificaciones hasta última hora», dijo el presidente del Gremio de Empresarios de Cines de Catalunya, Camilo Tarrazón, quien añadió que en esa tramitación parlamentaria esperan que se retiren las cuotas, los impuestos de exhibición y se incorpore su propuesta de la Red de Cines en Catalán.GARA
