Se cumplen ahora ocho años desde que el centro especial de detención de Guantánamo se puso en marcha. Dentro del marco establecido por George W. Bush y su equipo en la bautizada como «guerra contra el terror», todo ataque contra las libertades y los derechos humanos era justificable siempre y cuando se hiciera en nombre de «la seguridad y los valores de Occidente». Así ocurrió no sólo con las detenciones arbitrarias, sino también con los interrogatorios ilegales y con las torturas. Borrachos de prepotencia e impunidad, los responsables de la Administración estadounidense rompieron una de las normas básicas del manual del torturador: no contemplar la existencia de torturas ni como hipótesis. A Guantánamo se le sumó Abu Ghraib y otros centros secretos de detención de la CIA por todo el mundo, y los nombres de altos cargos como Donald Rumsfeld quedaron asociados para siempre a estos actos. Tristemente, el de Barack Obama quedará ligado al de quienes no tuvieron el valor de destapar y juzgar con toda la crudeza requerida los hechos cometidos por sus predecesores.

Al escuchar de boca de un detenido relatos como «me aplicaron la bolsa varias veces, hasta dejarme casi sin respiración», «me tumbaron en el suelo, con las manos esposadas y envuelto en una manta; después cuatro de ellos se me ponían encima y otro me colocaba una bolsa en la cabeza, hasta dejarme sin aire; así varias veces», «me golpearon constantemente y me obligaban a realizar ejercicios físicos hasta la extenuación» o «las presiones fueron constantes y me amenazaban con mi hijo», habrá quien piense que se trata de Guantánamo hace ocho años. La realidad es que se trata de la denuncia de Pello Olano, arrestado la pasada semana por la Guardia Civil y no por la CIA, en Lizartza y no en Kabul, incomunicado durante cinco días -para sus allegados y abogado, pero no para los medios que radiaban sus declaraciones-, y enviado a prisión pese a haber negado los cargos y denunciado esas torturas delante del juez.