La Fiscalía ha solicitado al Tribunal Supremo que confirme el archivo del juicio contra el diálogo político que sentó en el banquillo de los acusados, hace ahora un año, al entonces lehendakari Juan José Ibarretxe; su sucesor, Patxi López; el ahora consejero de Interior de Lakua, Rodolfo Ares, y los dirigentes de la izquierda abertzale Arnaldo Otegi, Pernando Barrena, Juan Joxe Petrikorena Rufi Etxeberria y Olatz Dañobeitia.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo español comenzará a deliberar esta misma mañana, y a puerta cerrada, el recurso presentado por las asociaciones Foro de Ermua y Dignidad y Justicia contra la decisión de archivar la causa del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) .

El presidente de la Sala, Juan Saavedra, y los magistrados Andrés Martínez Arrieta, Julián Sánchez Melgar, José Manuel Maza y Alberto Jorge Barreiro serán los encargados de estudiar los recursos y de decidir qué doctrina aplicar a esta causa. Al parecer, la Sala está dividida, ya que los magistrados discrepan entre los dos casos a elegir.

La falta de acusación fiscal y particular hizo que, ayer hace exactamente un año, el TSJPV optara en favor de la «Doctrina Botín» para cerrar el caso cuando todavía se encontraba en la fase de cuestiones previas. Es decir, cuando los acusados estaban ya en el banquillo, pero antes de que comenzara realmente el juicio contra ellos.

Sin embargo, esta decisión no agradó al Foro Ermua y Dignidad y Justicia, que recurrieron el fallo ante el Tribunal Supremo para que éste inclinara la balanza en favor de la «Doctrina Atutxa».

En casos de juicios por procedimiento abreviado en los que sólo se presenta la acusación popular, como es el caso, existen dos precedentes, ambos suscritos por el Alto Tribunal español.

El primero, el llamado «Caso Botín»,- porque archivó el caso de las cesiones de crédito que afectó al presidente del Banco Santander, Emilio Botín-, estableció que no se podía abrir juicio oral si no había más acusación que la popular. Fue esta doctrina la que sirvió de referente al TSJPV.

Pero no todas las causas se han guiado por esta doctrina. En la causa contra el presidente del Parlamento de Gasteiz y dos de los miembros de su Mesa por no disolver al grupo parlamentario Sozialista Abertzaleak, conocido como «Caso Atutxa», se determinó que las cuestiones políticas e institucionales carecen de un perjudicado concreto susceptible de ejercer la acusación particular, por lo que se avala que la causa siga su curso sólo con la acusación particular.

El Tribunal Supremo dio la razón entonces al recurso presentado por Manos Limpias y no sólo ordenó la repetición del juicio, sino que luego condenó a Juan María Atutxa, Gorka Knörr y Kontxi Bilbao tras haber sido absueltos por el TSJPV.

No fue aquella la única ocasión en la que predominó la «Doctrina Atutxa», y es que en el juicio que se está desarrollando en la Audiencia Nacional contra «Egunkaria» no existe acusación particular de ningún damnificado por el periódico, ni el fiscal ve delito. El tribunal especial ha decidido sentar a los acusados en el banquillo con la única base de la acusación popular de Dignidad y Justicia.

Reuniones en el punto de mira

El Tribunal Supremo ya se pronunció en 2006 sobre reuniones mantenidas entre dirigentes del PSE y Arnaldo Otegi. Concretamente, rechazó una querella de Manos Limpias contra el presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, al estimar que los contactos no pueden ser perseguidos penalmente si no hay una «orden expresa» que los prohíba.

En el caso de que el Supremo decidiera que deben ser juzgados, el Foro Ermua solicita nueve meses de prisión para Patxi López, y Dignidad y Justicia, entre uno y tres años de cárcel; pero en ambos casos lleva implícita la inhabilitación para ejercer cargo público y presentarse a elecciones.