La Coordinadora Anti-Coke estima que la movilización social es necesaria para decir no a proyectos que «agreden» al maltrecho medio natural de Meatzaldea, como es la Unidad de Re- ducción de Fueloil (URF) que Petronor construye en terrenos de dominio público marítimo terrestre, una línea de alta tensión y un gaseoducto a punto de acometerse, así como el dragado del fondo marino frente a la playa de La Arena para rellenar los futuros muelles del puerto exterior de Santurtzi.

«Es necesario demostrar que no vamos a tolerar más agresiones, que necesitamos poder respirar un aire limpio, que nuestras aguas no están cargadas de hidrocarburos, que nuestra playa se genera. Es nuestra salud y el futuro de las generaciones venideras», argumentaron para defender la convocatoria de la cadena humana del 30 de enero.

No faltó la mención al desamparo que dicen padecer de las instituciones. Ahí citaron que el lehendakari, Patxi López, pueda contar con el presidente de Petronor, Josu Jon Imaz, para su «comité de expertos» en materia económica, cuando la compañía petrolera «pasa por encima de los derechos de los ciu- dadanos para beneficiar única y exclusivamente a la empresa que representa».

A López y a su ejecutivo les preguntaron si el papel relevante que se ha otorgado a Imaz va a suponer «todavía más privilegios a Petronor para que obtengan más beneficios sin ningún tipo de control por parte de la Administración». Para la Coordinadora Anti-Coke, el «trato de favor» que ha recibido y recibe aún la filial de Repsol de las instituciones públicas vascas y españolas «es intolerable».

El derecho a respirar un aire limpio, subrayaron, es una necesidad, a la vista de los registros anuales del Boletín Epidemiológico de Bizkaia, en el que se refleja una mayor mortalidad por cáncer en cualquier localidad, grupo de edad y sexo en Ezkerraldea y Meatzaldea. Respecto a los datos de la CAV, en Muskiz y Zierbena hay un «exceso de mortalidad» de un 14% para los varones y un 12% en mujeres.

Además, desvelaron que un informe del Ararteko, efectuado tras quejas vecinales sobre el complejo petroquímico de Petronor, denuncia «la permisividad y pasividad mostrada por la Administración y considera `qué no se pueden seguir permitiendo y tolerando por más tiempo que las familias que residen en las inmediaciones de estas actividades se vean obligadas a abandonar sus viviendas, o que deben recurrir a otras medidas del todo injustificadas para alcanzar unos mínimos de calidad de vida'».