El Tribunal Supremo autorizó ayer las contribuciones ilimitadas de las empresas privadas, y por extensión de los sindicatos, a las campañas políticas, en un fallo que podría influir en las elecciones legislativas de noviembre próximo. La sentencia considera que las leyes vigentes al respecto desde hace dos décadas violan la primera enmienda de la Constitución, que garantiza la libertad de expresión.

El Alto Tribunal dictaminó que empresas privadas y sindicatos pueden gastar dinero sin límites en apoyo u oposición a los candidatos a la Presidencia de EEUU o al Congreso. El fallo, muy esperado, anuló otro del mismo tribunal de 1990, según el cual el Gobierno podía prohibir que las empresas gastaran dinero en propaganda que promoviera expresamente la elección o repudio de un candidato.

La sentencia echa por tierra también otro límite temporal, la ley de financiación electoral impulsada en 2002 por el senador republicano John McCain y el demócrata Russ Feingold, declarada constitucional por el mismo tribunal en 2003, que impedía que sindicatos y compañías pagaran anuncios en los últimos días de la campaña.

El juez conservador Anthony Kennedy argumentó que esos límites violaban el derecho constitucional a la libertad de expresión. La mayoría conservadora había propuesto con anterioridad eliminar algunas partes de esa ley, diseñada para regular el papel del dinero en la política y para prevenir la corrupción.

La decisión, tomada por cinco votos contra cuatro, supone una derrota de la Administración Obama y de los activistas que defendían la regulación de la financiación de las campañas, para quienes el cese de estas restricciones puede derivar en demasiada influencia de las corporaciones sobre los resultados electorales y sobre las decisiones de los cargos electos.

«Vía libre»

La reacción del presidente, Barack Obama, no se hizo esperar. Afirmó que la sentencia es «una gran victoria para los bancos, las petroleras y las aseguradoras» y agregó que con ella «el Tribunal Supremo ha dado vía libre a una nueva estampida de dinero de intereses particulares en nuestra política». El mandatario tiene previsto reunirse con los líderes de ambos partidos en el Congreso para dar una «respuesta contundente» a la decisión judicial. «El interés público lo exige», subrayó.

La decisión de ayer mantiene vigente el requisito de divulgación, por el cual las empresas que gasten más de 10.000 dólares anuales en la producción o difusión de avisos electorales deben informar a la Comisión Electoral Federal, indicando los nombres y direcciones de cualquier persona que haya aportado más de 1.000 dólares para la propaganda. También el requisito de que si un anuncio político no está autorizado por un candidato o un comité político su difusión debe dejar claro quién es responsable del contenido, con nombre y dirección de quien respalda esa propaganda.

El caso llegó al Supremo por una demanda en contra de la Comisión Electoral Federal, que en las primarias de 2008 prohibió a las empresas de televisión por cable ofrecer en sus canales a la carta un documental crítico por Hillary Clinton, producido por el grupo conservador Citizens United.