El alcalde de la ciudad catalana de Vic, Josep Maria Vila d'Abadal (CiU), aseguró ayer que el Consistorio «acata aunque no comparte la orden indirecta» de la Abogacía del Estado español de empadronar a todos los inmigrantes que presenten su pasaporte, aunque carezcan de visado y residencia legal.

Vila d'Abadal, que compareció con los concejales Josep Burgaya (PSC) y Joan López Carol (ERC), responsable de Acción Social, dio de este modo por finalizado «el contencioso entre el Ayuntamiento y el Estado» y destacó que «Vic no es xenófoba, sino pionera en el modelo de inmigración».

El objetivo del Ayuntamiento de Vic, gobernado por un tripartito CiU-PSC-ERC, era impedir que los inmigrantes extracomunitarios que no tuviesen permiso de residencia pudiesen empadronarse, con lo que perderían el acceso a servicios básico como sanidad o educación.

El Gobierno español emitió un informe destacando que los ayuntamientos tienen la obligación de empadronar a cualquier ciudadano que lo reclame y presente su pasaporte. El propio presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, durante su comparecencia en la Eurocámara sobre la Presidencia de turno de la UE, destacó que «no vamos a consentir que por un truco de un Ayuntamiento haya seres humanos que se queden sin asistencia o sin poder ir a la escuela».

La adopción de una medida de carácter xenófobo en Vic se explica en parte por el crecimiento de la formación ultraderechista Plataforma per Catalunya (PxC), que desde la capital de Osona se ha extendido a otras ciudades catalanas (Manlleu, El Vendrell, Roda de Ter, Manresa y Olot) con un discurso antiinimgración, que se ha reforzado en una época de recesión económica.

PxC defiende un discurso de «tolerancia cero ante la inmigración, la delincuencia y el terrorismo» y aboga por «los valores familiares». Mantiene contactos con otras formaciones europeas xenófobas como el FPÖ austriaco o la Lega Nord italiana. Algunas informaciones apuntan a su posible irrupción en el Parlament catalán en las elecciones autonómicas, previstas para el próximo otoño.

En las pasadas elecciones, obtuvo el 18,53% de los votos en Vic (cuatro concejales), siendo la segunda fuerza política de la ciudad. El vencedor fue CiU con el 31,88% de los votos (ocho concejales), mientras que el PSC logró el 15,84% (cuatro concejales), ERC el 10% (dos ediles), la izquierda independentista de la CUP el 7,65% (dos concejales) e ICV-EUiA el 7,36% (un edil).

«La normativa de empadronamiento que quiere imponer el equipo de Gobierno es una medida con un claro trasfondo electoralista y que representa una forma de hacer política más propia de la extrema derecha que campa por el Ayuntamiento que de unos partidos que se autoconsideran progresistas. Ni a la propia PxC se le hubiera ocurrido una medida como ésta, que raya con la discriminación y la anulación de derechos de las personas», destacó la CUP.

Mientras el resto de partidos en Vic defendían la medida, sus direcciones en Barcelona intentaban acallar el aluvión de críticas de grupos que trabajan en el ámbito de la inmigración.