Un 20% del dinero que los inmigrantes afincados en el Estado español envían a sus países de origen viaja por cauces ilegales, que no están sujetos al control de los organismos reguladores, lo que empuja a los extranjeros a una situación de «marginalidad financiera» y perjudica tanto a la economía de destino como a la de origen del dinero, según señala el estudio «Inmigración y Remesas Informales».

Se trata de un trabajo elaborado por el investigador Iñigo Moré y editado por el Observatorio Permanente de la Inmigración. Las cifras que aporta han sido recibidas por las autoridades como una estimación, dado que precisamente por el carácter informal y la opacidad de los envíos, es difícil determinar el montante de dinero que sale por canales no oficiales.

Según explicó Moré, en el año 2007, cuando los inmigrantes enviaron 8.100 millones de euros a sus países de origen por los cauces autorizados y bajo control del Banco de España, al menos 1.600 millones de euros cruzaron la frontera por hasta 17 mecanismos irregulares distintos, principalmente el autotransporte. En 2008 se interceptaron en las aduanas a 421 viajeros que llevaban encima más dinero en efectivo del autorizado y no lo habían declarado, conforme explicó.

Con estos cálculos, durante los tres primeros trimestres de 2009, cuando los inmigrantes enviaron 5.217 millones de euros según el Banco de España, al menos 1.000 millones lo hicieron en efectivo a bordo de autobuses, en las guanteras de vehículos particulares o en las carteras de quienes viajaban a su país con la cantidad ahorrada.

El estudio afirma que «existen factores en la regulación española que favorecen las remesas informales, como la asimetría entre las cantidades que uno puede llevar consigo de forma anónima cuando abandona el país, 10.000 euros, y la que puede remitir como máximo en las mismas condiciones, sólo 3.000 euros», por lo que señala que «cumplir con la regulación española sobre remesas es más difícil que realizar el servicio».

El fenómeno «no está generalizado» entre toda la población extranjera, sino que, según Moré, afecta especialmente a determinadas nacionalidades. Atendiendo al volumen de personas que utilizan estas vías al margen de la ley, el autor del estudio señaló que Venezuela encabeza el ránking, porque más del 70% de su población en el Estado espñaol se sirve de estos mecanismos. Le siguen Gambia, con un 50%, Ucrania y Polonia, que rondan el 40% y Marruecos, con un porcentaje similar.

Marginalidad y ley de la selva

No obstante, en función de la cantidad de dinero que llega por cauces irregulares, el primer país en recibir flujos ilegales es Marruecos, seguido de Rumanía y de Portugal, ya que, según explicó Moré, las mayores cuantías «no van a los países más pobres, sino a países del entorno de España, como Rumanía o Polonía, y a economías emergentes, como Venezuela».

Con todo, el informe de Moré incide en que «el inmigrante ignora que la red de remesas informales en la que deposita su confianza es ilegal. Salvo algunos casos, no es consciente de estar recurriendo a un proveedor de servicios informal y cree que enviar dinero en el autobús es igual de legal que enviar un paquete, la maleta de ropa o ir él mismo», por lo que reivindica un «esfuerzo de información» sobre este asunto a las autoridades.

Según el invetsigador, las principales consecuencias negativas de esta práctica son para los propios usuarios, que «se han colocado en la marginalidad financiera más absoluta» poniéndose en manos de «la ley de la selva». Es un «subdesarrollo financiero» que «les condena a tener una vida de efectivo», por lo que las remesas informales «son la forma más peligrosa de no integración», concluyó.

Según datos publicados por el Banco de España el pasado 31 de diciembre, las remesas de emigrantes que se envían desde el Estado español aumentaron en el tercer trimestre del año un 13% con respecto al segundo trimestre. Efectivamente, en el 2º trimestre de 2009 se enviaron desde el Estado remesas por valor de 1.673 millones de euros, mientras que en el tercer trimestre de 2009 se remesaron 1.888 millones.