Al considerar que la administración penitenciaria española se ha inmiscuido en la autonomía universitaria, la UPV ha solicitado el amparo del Tribunal Constitucional. El Tribunal Supremo declaró nulo, en abril de pasado año, el protocolo para la matriculación de las personas reclusas, lo que vetó el acceso a la UPV de los presos encarcelados fuera del Estado español. Con esta nueva vuelta de tuerca ningún preso político vasco puede cursar sus estudios en euskara.

El rector de la universidad, Iñaki Goirizelaia, compareció ante la Comisión de Educación del Parlamento de Gasteiz para informar de los motivos que lo llevaron el pasado 14 de diciembre a presentar este recurso, después de que su asistencia fuera exigida desde el PP.

Goirizelaia, que defendió el derecho que tienen los presos y las presas a cursar sus estudios, consideró la decisión como una intromisión en el ámbito de la universidad.

La decisión del Supremo determinó que al matricular a presos encarcelados en el Estado francés la UPV incumplía la Ley General Penitenciaria, que establece que los reclusos sólo pueden que matricularse en la Universidad Española de Educación a Distancia (UNED) o en universidades que firmen convenios con Instituciones Penitenciarias.

La adopción de esta norma fue también la causa por la que los presos políticos encarcelados en prisiones españolas tampoco pueden estudiar en la UPV. Con el fin de conseguir el convenio, Iñaki Goirizelaia recordó que tanto él como sus antecesores han enviado cartas a Instituciones Penitenciarias solicitando la firma de este convenio y que no ha sido posible.

Extender este precepto a los presos que se encuentran en el Estado francés supone, a juicio de Goirizelaia, «excluir a éstos de la aplicación de unas garan-tías legalmente previstas para asegurar la calidad de la enseñanza», lo que valora como «inaceptable».

El rector destacó que la legislación penitenciaria no contempla ninguna referencia específica a la matriculación univer- sitaria de los presos políticos. Advirtió , en este sentido, de que «si el objetivo es que los presos de ETA no se matriculen, que se apruebe una ley que recoja este fin». «Si no se atrevieron en su momento a escribir esto -prosiguió Iñaki Goirizelaia-, no le pidan al rector que haga lo que no hace la ley».