Israel liberó ayer a la activista catalana detenida el domingo en Ramallah en una nueva operación militar contra los internacionales que trabajan en los territorios ocupados en iniciativas de apoyo al pueblo palestino. Ariadna Jove Martí, de 26 años y miembro del International Solidarity Movement (ISM), fue arrestada junto a su compañera Brigdette Chappell cuando ambas dormían en las oficinas que esta organización posee en la capital administrativa palestina.

Con esta operación, los soldados hebreos se saltaron incluso los Acuerdos de Oslo, que impiden el acceso de los militares israelíes a las áreas controladas por la Autoridad Palestina. No obstante, ésta no es la única ocasión en la que las Fuerzas de Defensa de Israel hacen incursiones en estas zonas para realizar arrestos. En enero, la checa Eva Novakova, coordinadora de medios del ISM, fue detenida e inmediatamente deportada.

Ni Jove ni Martí correrán la misma suerte. La Corte Suprema israelí reconoció ayer que las detenciones practicadas por el Ejército hebreo son «ilegales» y no ordenó su deportación, aunque impuso una fianza de 3.000 shekels (590 euros) y la prohibición de acceder a los territorios ocupados. Ambas tendrán que permanecer en el Estado israelí hasta que se celebre el juicio en el que serán acusadas de «actividades ilegales» y de tener el visado caducado.

Jove y Chappell son los últimos casos de internacionales detenidos por las autoridades israelíes, que han incrementado su presión tanto contra los activistas extranjeros como contra ONGs. Ryan Olander, joven norteamericano que estaba con ellas en el momento del arresto, ha pasado el último mes en una prisión tras ser detenido en el barrio de Sheikh Jarrah, en Jerusalén Este, una de las zonas con más presencia de activistas por los ataques de los colonos que han ocupado varias viviendas palestinas.

«Me amenazaron con ser encarcelado si no firmaba mi deportación», explicó Olander a GARA nada más ser liberado. Éste rechazó ser expulsado y, por el momento, permanece a la espera de juicio, aunque el magistrado le ha impuesto la prohibición de residir en Sheikh Jarrah. «Me acusaban de tomar parte en una manifestación en la que se registraron algunos incidentes con la Policía, pero fui detenido dos horas antes de que tuviese lugar la marcha», explicó el miembro del ISM. Tel Aviv ha recurrido a la Policía de Inmigración, conocida como unidad Oz, para hostigar a los internacionales destacados en Palestina, según explica Sergio Yahni, director de la Oficina de Jerusalén del Alternative Information Center (AIC). Estos agentes han llegado incluso a desobedecer las órdenes de los jueces, volviendo a detener a activistas para deportarlos en el instante en el que son liberados.

La prensa crítica también está en el punto de mira. Jared Malsin, editor de la versión en inglés de la agencia palestina Maan, es otro de los expulsados. Malsin, judío y con pasaporte estadounidense, fue introducido contra su voluntad en un avión con destino a Washington el 20 de enero, tras aterrizar en Tel Aviv procedente de la República Checa.

Las ONGs se han convertido en otro de los frentes abiertos por el Gobierno de Benjamín Netanyahu. Una de las nuevas medidas impuestas por el Ejecutivo es la decisión de no conceder permisos de trabajo a los cooperantes. En su lugar, reciben permiso de turista, algo que no tiene consecuencias por el momento pero que ha provocado gran nerviosismo. «Podrían expulsar a todos argumentando que no tenemos visado para trabajar», explicaba una cooperante.

Esta estrategia de acoso tiene varios objetivos. El primero, extender la inseguridad entre los activistas, que se han convertido en una de las voces que cuestionan las continuas violaciones de la legalidad internacional. Muchas de las organizaciones palestinas con las que trabajan han sido atacadas por el Ejército, con redadas nocturnas en sus sedes, detención de trabajadores y sustracción de material. El último caso, el de la oficina de Stop The Wall, la campaña palestina contra el muro, cuya sede fue asaltada el domingo por decenas de soldados. El segundo objetivo está relacionado con la política de «hechos consumados». Denegando los permisos de trabajo, Israel trataría de expulsar hacia Ramallah a muchas de las ONGs que mantienen sus sedes en Jerusalén Este.

Queda por determinar hasta dónde está dispuesto a llevar Israel esta cruzada. Según indica Sergio Yahni, el Estado sionista está en una «ofensiva» política y desconfía ya de casi toda la comunidad internacional, después de que la masacre de Gaza generase una fuerte reacción en todo el mundo. También falta por comprobar cuál será la respuesta del resto de gobiernos, que se han limitado a tímidas protestas, aumentando la sensación de impunidad de Tel Aviv.