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Garzón recurre el auto del Supremo que busca procesarle por «prevaricación»

Baltasar Garzón quiere que personalidades jurídicas de ámbito internacional como Carla del Ponte o Juan Guzmán Tapia declaren en su favor en la causa por «prevaricación» abierta en el Tribunal Supremo por investigar los crímenes del franquismo.
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El juez de la Audiencia Nacional española Baltasar Garzón considera «insostenibles, incomprensibles y sin fundamento jurídico» los argumentos del auto en el que el magistrado del Tribunal Supremo Luciano Varela rechazó archivar la causa abierta contra él por investigar los crímenes del franquismo, y que ayer recurrió.

Varela desestimó la petición de sobreseimiento y abre la puerta a que Garzón sea juzgado por «prevaricación» a instancias del sindicato ultraderechista Manos Limpias, la asociación Libertad e Identidad y Falange Española de las JONS.

En el recurso que el abogado de Garzón, Gonzalo Martínez-Fresneda, presentó ayer ante la Sala de lo Penal del Supremo pide que se deje sin efecto el auto de Varela y que declaren varias personalidades jurídicas y expertos internacionales que han intervenido en asuntos de crímenes contra la Humanidad.

Entre ellos destacan la ex fiscal jefa del Tribunal Penal Internacional Carla del Ponte y el magistrado argentino Eugenio Raúl Zaffaronni, uno de los jueces que declaró la nulidad e inconstitucionalidad de la Ley de Punto Final que impedía juzgar a los represores durante la dictadura argentina.

También solicita la declaración de Juan Guzmán Tapia, el juez chileno que en 1999 procesó a Augusto Pinochet y ordenó exhumaciones de víctimas del dictador.

Apoyo de la Fiscalía

El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, mostró su apoyo a Garzón, destacando que la Fiscalía no aprecia que exista un hecho delictivo que permita encausar al juez de la Audiencia Nacional. Aunque Conde-Pumpido no quiso anticipar nada, la Fiscalía previsiblemente no apoyará la suspensión provisional de Garzón, ya que la postura mantenida hasta ahora es que el magistrado no incurrió en «prevaricación» cuando decidió investigar las muertes del franquismo.

Los colectivos ultraderechistas que han presentado la denuncia contra Garzón argumentan que el juez especial montó «un artificio jurídico» al iniciar esta investigación y que ignoró la Ley de Amnistía de 1977, que equivaldría a una Ley de Punto Final para los represores franquistas.

Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, señaló que la causa abierta a Garzón es «el mundo al revés» y comparó su eventual inhabilitación con «las condenas que se hacían en la posguerra cuando los golpistas juzgaban a los republicanos por auxilio a la rebelión».

200.000 euros

Garzón también está siendo investigado por haber cobrado 200.000 euros por dos conferencias que impartió en Estados Unidos y que estuvieron subvencionadas por el Banco Santander, cuyo presidente, Emilio Botín, tuvo que enfrentarse a una causa de la que Garzón no se inhibió.

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