Hace dos semanas que la diputada de Política Social y Servicios Sociales, Covadonga Solaguren, compareció, eso sí, a puerta cerrada en las Juntas Generales para tratar el tema de los menores extranjeros no acompañados en Araba. Tras insistir en que «no se fían» de su minoría de edad, Emilio Olabarria, también del PNV, dio un paso más y, anteayer, exigió en el Congreso español que se fije un criterio único para determinar la edad de estos jóvenes no acompañados. Por su parte, el ministro español de Justicia, Francisco Caamaño, expresó su conformidad en cuanto a la mejora de los sistemas que fijan la edad.

Mientras que las instituciones se movilizan para acoger a la menor cantidad de jóvenes extranjeros posible, una treintena de ciudadanos acudía anteayer al Hikaateneo de Gasteiz con la intención de ampliar sus conocimientos sobre los aspectos legales en los menores extranjeros no acompañados. Allí, Mikel Mazkiaran, abogado de SOS Arrazakeria y Heldu, impartió una conferencia al respecto.

Extinción de tutelas

Fueron muchos los asuntos que se debatieron, pero la actuación que presumiblemente llevará a cabo la Fiscalía obtuvo una especial importancia. Al parecer, la Fiscalía va a realizar pruebas óseas, «que poco tienen de científicas -opinó Mazkiaran-», a los menores que se encuentran en Araba, por lo que, tal y como explicó el letrado, «en dos semanas nos podemos encontrar con las extinciones de tutela».

Mediante un decreto, que es «muy difícil de recurrir», el fiscal tendrá la penúltima palabra. «¿Y no existe un fiscal del fiscal?», preguntó una persona que participó en la charla-coloquio. La última decisión, en todo caso, será de la Diputación, ya que en los casos que se deduzca la mayoría de edad podrá poner en marcha los procedimientos para extinguir las tutelas. De esta manera ya habrán cumplido uno de sus objetivos: quitarse de encima «la carga que le suponen estos chavales», censuró el abogado.

¿Pero qué ocurre cuando cumplen los dieciocho? El debate de anteayer recordó que la nueva Ley de Extranjería, en el artículo 35.9, fija que la renovación de permisos vendrá de la mano de la Diputación, y que se basarán «en el esfuerzo de integración realizado». A los dieciocho, «los tirarán del avión sin un paracaídas y se convertirán en carne para la Brigada de Extranjería». Por último, Mazkiaran instó a las instituciones a ofrecerles «un paracaídas», ya que no quieren ayudarles a «aterrizar».