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Se enfrentan a un desahucio después de pedir 6.000 euros a una oficina de prestamistas privados

Una familia de Bilbo se enfrenta a una orden de desahucio como consecuencia de un crédito de 6.000 euros que pidieron a prestamistas privados. Afirman sentirse «desamparados» y buscan ayuda, porque «todos saben que somos víctimas» de ese tipo de servicios.

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Nerea GOTI

El testimonio de Carmen M. podría pasar por el guión de una película de cine negro, si no fuera porque toda una familia se enfrenta a una pesadilla real, en forma de orden de desahucio de los juzgados como consecuencia de los 6.000 euros que hace años pidieron a prestamistas privados.

Esta bilbaina, madre de dos hijos, reconoce que está absolutamente desesperada ante la orden de desahucio dictad0 por el Juzgado de Primera Instancia Número Cuatro de Bilbo, que pesa sobre el piso propiedad de sus padres. Después de recurrir a las más diversas instancias oficiales y de orden humanitario, agota todas las posibilidades a su alcance intentando parar al menos la próxima ejecución del embargo de la vivienda.

La historia para la que los juzgados han deparado este final comenzó años atrás. Según cuenta Carmen M., su madre necesitaba 6.000 euros para ayudar a un hijo. Acudió a prestamistas privados a una oficina que estaba emplazada en la bilbaina calle Venezuela, «pensando en que ofrecían condiciones de más fácil acceso, cuando no tienes nóminas». La firma que aquel día estampó en esa oficina ha tenido un coste económico y personal que nunca hubiera podido imaginar.

De 6.000 a 60.000 en unos meses

A los tres meses de formalizar las condiciones del préstamo, los mismos servicios privados le reclamaron el pago de 18.000 euros. Para hacer frente a ese pago, según el testimonio de Carmen M., buscó una salida a través de otros servicios de préstamo, en este caso telefónicos, que acabaron por prometerle los 18.000 euros al alcance de su mano, aunque meses después comprobaría que en realidad había vuelto a contraer una deuda mucho mayor que la anterior. La cantidad a devolver ya había ascendido a 60.000 euros, según explica.

«Por teléfono contactó con una persona que le acompañó a la oficina de La Caixa de la calle Iparragirre, donde al señor le entregaron un cheque de más de 50.000 euros, pero a mi madre sólo le dieron 18.000», recuerda Carmen, volviendo atrás sobre los pasos que dio su madre intentando zanjar esa espiral de deuda que arrancó con 6.000 euros. A este hecho se suma otra actuación irregular, a su juicio, porque en esta última operación participa un notario, «que levanta acta como si realmente se hubieran entregado los 50.000 euros, cuando no fue así».

Como resultado de esa última operación se encontraron con que la deuda contraída era de 60.000 euros y no tardó en llegar la amenaza de orden de embargo. «Como mi padre es propietario del 50% de la vivienda y no había firmado ningún papel, acudimos a un abogado», señala, con el que han estado pleiteando en los últimos años hasta que se han encontrado con la orden de ejecución del desahucio. Ahora otro letrado está al frente del caso y acaba de presentar un recurso a fin de parar la orden de desahucio alegando, precisamente, que uno de los dos propietarios de la vivienda no ha tenido ninguna participación en la solicitud del citado crédito. A la espera de la respuesta a ese recurso busca ayuda para hacer frente al pago, al menos, de una parte de la astronómica cifra que les reclaman por un préstamo que nunca se negaron a reembolsar.

«Esta no es una orden de desahucio, es una sentencia de muerte», se lamenta Carmen, porque para sus padres supone perder la vivienda en la que residen y en la que también viven sus dos hijos.

Para esta bilbaina, la justicia no existe, no desde luego en los juzgados, donde cree que todos son conscientes de que su familia ha sido víctimas de servicios de opacos, con oscuras condiciones, pero donde nadie hace nada en su defensa. «Estoy convencida de que la juez sabe perfectamente que no estamos ante bancos ni entidades corrientes. Sabe que nos están aplicando un interés del 500%», afirma.

Tampoco ha encontrado ayuda en las instituciones. «En el Ayuntamiento me dicen que si la cuestión está en los tribunales no pueden hacer nada y los Servicios Sociales me dicen que pida cita», explica desesperada. Recurrió a Ausbanc, pero le explicaron que la iniciativa no puede hacer nada si otro abogado está al frente del caso, por lo que las puertas volvieron a cerrarse.

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