El 4 de enero de 1978 se publicaron dos reales decretos que instituían el Consejo General del País Vasco como órgano común de Gobierno de Araba, Gipuzkoa, Bizkaia y Nafarroa, siempre que éstas decidieran integrarse en él.

El 14, 15 y 16 de mayo de 2007 el Estado español rechazaba la propuesta base para la resolución del conflicto político presentada por la izquierda abertzale, que no era otra que autonomía para los cuatro territorios vascos con derecho a decidir. Nafarroa y el derecho a decidir. Habían pasado 30 años y los vascos ¡otra vez con la burra a brincos!

El golpe de estado de 1981, ése cuyo «fracaso» estableció con toda claridad cuál era el modelo de estado y el techo constitucional, fuera cual fuese el color del mando en la arena política, no mermó el propósito de Euskal Herria de desarrollar el «espíritu de la transición» y luchar por sus libertades. Pero todos los intentos de desviar la intencionalidad que ya emanaba de la LOAPA, incluso la declaración de inconstitucionalidad de 14 de sus 38 artículos, cayeron en saco roto. El golpe estaba dado y bien dado. Y si el Tribunal Constitucional no estaba de acuerdo con los principios del golpe, se cambiaban... los miembros del Tribunal.

El rumbo marcado por el golpe de timón apareció con claridad en los debates sobre los Derechos Históricos, Concierto Económico, Estatuto, estrategia «antiterrorista» y, cómo no, Nafarroa, donde prietas las filas, los conservadores advertían al PSOE, en el año 1996, de lo que le podía pasar si dejaba que gentes como el Sr. Otano se embarcaran en aventuras de órganos comunes para las cuatro provincias vascas.

Parece, sin embargo, que quizá una nueva e inesperada aportación del golpe de estado la fue descubriendo la derecha, poco a poco. Si en el 81 habían sido capaces de reavivar la llama de Cánovas y de encajar un señor golpe de estado en el cascarón democrático, ¿por qué no iban a ser capaces de colar otros golpes poniendo el sistema jurídico-político al servicio de la «causa», como había sido siempre, y no al revés? ¿Es que no iban a poder endilgar el «una, grande y libre» y presentarlo como la panacea de la Constitución «democrática»? No había más que mantener el apodo, llamarlo «democrático» y buscarle el acople legal pertinente. Ya lo dijo el Sr. Mayor Oreja al llegar al Ministerio del Interior: «Nosotros lo haremos con la ley en la mano».

Agosto de 1998 propinó un susto morrocotudo a los vigilantes de las esencias patrias: para ellos, que el conjunto del nacionalismo que fue claramente derrotado en 1936 volviese a las andadas una y otra vez era simplemete insufrible.

La extrema derecha, con la FAES a la cabeza, empezó a tener claro que el golpe de estado del 81 no había sido suficiente. Si bien era cierto que el tejerazo había bloqueado el desarrollo estatutario, logrado un estado bipartidista más fácil de gestionar y situado el poder de la Guardia Civil y policías diversas, la judicatura y los medios de comunicación en una posición inmejorable para combatir al «enemigo interior», había aún en la Ley Suprema española zonas de máximo riesgo que había que atajar. El reconocimiento constitucional de los Derechos Históricos, la Disposición Adicional cuarta que permitía la existencia de un órgano común entre Nafarroa y la Comunidad Autónoma Vasca, las libertades constitucionales -prensa, reunión, sufragio, opinión, etc...-, que eran demasiado recurrentes y no hacían más que dar alas y posibilidades legales y políticas a los enemigos de la patria. Todavía había demasiado pollo para tan poco arroz.

El hecho de que «el melón constitucional» no se abriese a finales del Gobierno Aznar, fecha en que tenían ya clara la necesidad de hacerlo y, de hecho, no se haga aún, tiene que ver sobre todo con la falta de unas condiciones adecuadas para ello. Y así lo advirtió el Sr. Herrero de Miñón cuando dijo, no hace más que cuatro o cinco años, que cualquier reforma constitucional requería de un gran pacto entre los dos principales partidos del Estado.

Llegados a este punto, cabe preguntarse si lo que en realidad alberga el imaginario faescista a la hora de crear las condiciones adecuadas para meter el bisturí al magno vejestorio no será también una flamante derrota ideológico-política del nacionalismo e independentismo vasco que, a diferencia de 1977, permitirá corregir el texto constitucional sin tanto Derecho Histórico ni tanta Adicional Cuarta. Y si además las condiciones así lo permiten, incluir, de paso, el conjunto de medidas involucionistas y hacer realidad el sueño de la extrema derecha de acuñar un sucedáneo democrático, esta vez con un 90% de morralla autoritaria, y dejarlo al igual que en 1981, listo para la exportación.

¿O es que quieren que nos traguemos que el increíble dispendio en armamento represor por parte del Estado en los últimos años o el despliegue de la más sofisticada artillería de la derecha en los ámbitos económico, mediático, ideológico, legal, político, social y religioso tienen como objetivo la derrota de ETA o incluso de la izquierda abertzale? ¿Qué sentido tiene tanta munición para «tan poca caza»? ¿Es que basta, acaso, la derrota de ETA para crear el escenario adecuado para la reforma constitucional en la dirección que interesa a los conservadores?

La constitución española necesita remiendos con carácter de urgencia. La situación internacional no es estable que se diga y la crisis económica destroza el país. El Partido Popular trabaja incansablemente para ganarse el billete de vuelta a la Moncloa. Hay que poner orden. Y no parece que la derechona vaya a reparar en gastos para conseguirlo.

Pero lo que ahora pretenden tanto en Euskal Herria como en el Estado español es crear las condiciones para que su navío autoritario llegue potente al puerto constitucional. El Estado está en plena borrachera represiva y a la derecha se le hace la boca agua imaginando un escenario que le permita enderezar la situación. Toca la Ley de Partidos, toca la era de «sólo tiene usted que pedirlo y se cambian las leyes», toca detener, torturar y quitar de la circulación a quien haga falta. Toca incluso ser «generoso» y tener «altura de miras» para que el señor López trate de hacer con el «pucherazo» lo que la ciudadanía no permitió hacer al Sr. Mayor Oreja. Y después, cuando la situación lo permita, ya lo pondrán bonito en la nueva constitución. La constitución del día después. Porque ¿qué otro destino cabe esperar para todo el tinglado de leyes represivas sino darles un conveniente acomodo constitucional?

Parece evidente que el calado de la lucha por las libertades democráticas en este momento es incluso más profundo de lo que cabe imaginar. Los que creemos en la democracia, la justicia social, la libertad, los que creemos en Euskal Herria, deberíamos ser capaces de hacer de la necesidad virtud. Trabajar por un sistema democrático que adquiera una calidad que le permita afrontar y resolver -no derrotar- el problema político y armado que enfrenta a las comunidades vasca y española. Recordar lo que ha sido y es capaz de hacer la derecha española y navarra, y sopesar los tiempos políticos y la estrategia del adversario. Meditar sobre sus puntos débiles, que no son pocos y aunar fuerzas. ¡Que Bertolt Brecht nos ilumine!