El dictador Juan María Bordaberry fue condenado el miércoles a treinta años de prisión por «atentado contra la Constitución», nueve delitos de desaparición forzada y dos de «homicidio especialmente agravado». Actualmente está en arresto domiciliario por otra condena de treinta años como responsable de la muerte de catorce uruguayos detenidos-desaparecidos.

Bordaberry llegó a la presidencia de Uruguay tras las elecciones de 1971 y el 27 junio de 1973 disolvió el Parlamento. Tres años después, la Junta Militar lo reemplazó por el entonces presidente del Consejo de Estado Alberto Demicheli,

Alrededor de doscientos uruguayos desaparecieron bajo su mandato, en su mayoría en Argentina, donde habían buscado refugio de la represión contra los militantes de izquierda.

Pese a que las leyes uruguayas prohíben este tipo de juicios, el Gobierno de Tabaré Vázquez promovió la celebración de estos procesos alegando que los delitos fueron cometidos fuera del país y, por tanto, quedaban al margen de la llamada Ley de Caducidad. Sólo una decena de ex militares y policías están en prisión acusados de homicidios y desapariciones.

Según la fiscal Ana María Telechea, «está plenamente probado que en el periodo que va desde el golpe de Estado hasta que fue destituido por los militares, se produjeron centenares de desapariciones y fallecimientos debido a las torturas efectuadas por quienes estaban al frente de dicho proceso dictatorial». Afirmó que «de ninguna manera es admisible su alegado desconocimiento de la práctica sistemática de la tortura que llevaban las Fuerzas Armadas, dado que expresamente las respaldó y les prestó toda su colaboración».