Al ingente esfuerzo que la consulta popular supone para una plataforma como Batera, que deberá contar con cientos de voluntarios e invertir muchas horas de trabajo militante, se ha añadido hace unos días la particular intervención del prefecto de los Pirineos Atlánticos.

Philippe Rey, como buen representante del Estado francés, ha advertido por carta a todos los alcaldes -la mitad de los cuales se ha pronunciado a favor de la consulta- que la Ley no permite tal iniciativa porque podría «crear confusión» (¡vaya!, la misma imputación que a Euskal Herriko Laborantza Ganbera) con las elecciones oficiales, que deben ser la prioridad de los primeros ediles, cuya responsabilidad es la de garantizar que los comicios se desarrollen adecuadamente en sus respectivas localidades.

El prefecto «sólo les ha recordado» -como matizó él mismo a posteriori- la letra de la Ley y, de paso, también las posibles sanciones que podrían imponérseles, entre ellas, la revocación del cargo.

Batera ha replicado inmediatamente, incluso con argumentos jurídicos, asegurando que las consultas no van contra la Ley, aunque no sean vinculantes. Es más, agarrándose a la Carta Magna, ha insistido en que se trata de un «ejercicio de las libertades democráticas más elementales» de las que la République está tan orgullosa.

Es evidente que la misiva del alto funcionario tendrá el efecto buscado por el Estado francés entre algunos de los alcaldes: es decir, que no participarán ni con medios municipales ni con apoyos expresos en la organización de la consulta pero, por de pronto, la actitud diligente del prefecto Rey está siendo de gran ayuda para Batera, puesto que ha actuado como altavoz de la iniciativa que pretende llevar a cabo en marzo. Y eso sí que puede tener el efecto contrario para la política jacobina de París.