«La tortura es política, porque son los políticos quienes deben evitarla». Con esta declaración, los organizadores de la mesa redonda de ayer de Iruñea rebatieron el veto del Ejecutivo de Miguel Sanz. Prohibió celebrar el acto en un instituto basándose en un informe de la Policía Foral que veía detrás «un contenido político». Finalmente, la charla se celebró en un hotel céntrico, y la sala se quedó corta para dar cabida a tanta gente.

Los organizadores del acto -uno de los principales del Día contra la Tortura en Euskal Herria, en un nuevo aniversario de la muerte de Joxe Arregi- afirmaron que «el debate es necesario. Y además de político, hablar en alto sobre tortura es un acto social, porque la tortura afecta a la sociedad; cultural, porque una cultura que silencia la tortura es una cultura enferma; y educativo, porque es necesario educar en el respeto a los derechos humanos y las personas».

Al término de la exposición de los seis ponentes (Fernando Armendariz, Jorge del Cura, Martxelo Otamendi, Alfonso Zenón, Mati Iturralde y Ane Ituiño), varias personas del público reclamaron una manifestación de todos los colectivos presentes para mostrar el rechazo a esta práctica en el Estado español. Antes se escucharon un buen número de razones para ello:

Martxelo Otamendi: «Lo que le ocurre al detenido es responsabilidad del juez. Es el primero que debe decir a los policías que no vuelvan   a traerle un acusado así»

Para el director de «Berria», la tortura en el Estado es «estructural, programada y premiada». Otamendi afirmó que éste es el delito más fácil de perseguir, ya que es perfectamente predecible, «porque sabemos a quién van a detener, al arrestado; quién lo va a torturar, los que lo han detenido; dónde lo van a hacer, en el cuartel; y cuándo, durante la incomunicación. De hecho, lo único que no sabemos es si será mucho o muchísimo».

Por ello, Otamendi animó a cualquier juez a «alzar su voz en público y exigir a sus compañeros que investiguen las denuncias» y afirmó que quiere en Euskal Herria «magistrados que se parezcan a jueces argentinos y chilenos».

Jorge del Cura: «El Defensor del Pueblo incumple todos los requisitos para ser un Mecanismo frente a la tortura»

El representante de la Coordinadora Contra la Tortura destacó la hipocresía de un Estado «que ha firmado todos los convenios» contra la tortura para después incumplirlos. Denunció que no se ha generado «un ente con independencia económica y funcional y abierto a la sociedad civil» para combatir esta práctica. Según Del Cura, todos los textos firmados son «papel mojado» debido a la «absoluta falta de voluntad política». En este contexto citó la decisión de encomendar la figura de Mecanismo Nacional contra la Tortura al Defensor del Pueblo, Enrique Múgica Herzog.

Como dato, dijo que Madrid está retrasando el informe de 2007 que realizó el Consejo de Europa sobre el Estado español. Del Cura cree que el Gobierno «esperará años a hacerlo público, como ha hecho en otras ocasiones, para luego decir que eso ocurría hace años y que ya está solucionado». No obstante, reveló que el Consejo de Europa ha exigido aclaraciones a Madrid y «le ha dado el plazo de un año para responderle».

Fernando Armendariz: «La tortura está peligrosamente enquistada en el Estado español. Hay deficiencias estructurales y voluntad de que siga»

El secretario local de Amnistía Internacional se apoyó en los dos últimos informes de su organización para cargar contra el régimen de incomunicación «más duro de Europa». Defendió la instalación de cámaras para prevenir los abusos policiales e insistió en que deben instalarse «en todos los lugares por los que pasa el detenido desde que está en manos de la Policía, tanto en los cuarteles como durante los trayectos», de modo que sean una «garantía eficaz» en la prevención de los malos tratos.

Alfonso Zenón: «No repararemos en esfuerzos y gastos para acabar con esta lacra,    algún día habrá jueces que saquen a la luz todo esto»

Abogado de varias personas torturadas, Zenón realizó un discurso distinto al de sus compañeros y se centró en un único caso: el de Orkatz Gallastegi, que se autinculpó el último día de su incomunicación en Arkaute, y la posterior batalla legal.

En su declaración ante el juez, Gallastegi negó punto por punto sus declaraciones anteriores y narró haber pasado tres días de pie, sin comer ni dormir. Pese a ello, la Audiencia Nacional prefirió prestar atención a los agentes que participaron en la detención, algo que «nunca puede ser considerado prueba de cargo». Se recurrió al Supremo y éste confirmó la sentencia. Sin embargo, dos de los jueces se desmarcaron. Más tarde, el Constitucional se negó a emitir un fallo.

Con su relato, Zenón quiso reflejar que las torturas no se limitan a cinco días en el infierno, sino que en muchas ocasio- nes son el primer paso para acabar en la cárcel. En el caso de Gallastegi, para 26 años.

Mati Iturralde: «Ojalá veamos en el banquillo a los forenses de la AN, son testigos de excepción de todos los casos de tortura y permanecen pasivos»

Mati Iturralde pertenece a un colectivo de médicos de confianza que visitan a los presos cuando están incomunicados y expuso que «el protocolo de Garzón -que sólo han adoptado tres de los seis juzgados de Instrucción de la AN- no sirve para garantizar que no se torture». Afirmó que «los calabozos no reúnen condiciones para una exploración exhaustiva». Además, denunció que se les «impide una exploración completa para emitir un parte de lesiones» y se les niega la posibilidad de registrar las pruebas con una cámara de fotos.

Asimismo, criticó que a los médicos se les imponga el secreto de sumario, por lo que no pueden decir públicamente en qué estado han encontrado al acusado. Iturralde relató amenazas de los policías, dijo que no se les deja a solas con el detenido y que los propios interrogadores escuchan a través de la puerta en todo momento. Pese a todo, está convencida de que los médicos de confianza realizan una labor fundamental, «aunque se vea reducida a la posibilidad de romper la incomunicación unos minutos y ofrecer un trato humano mínimo».

Ane Ituiño: «La tortura es sistemática  no sólo porque se ejecuta de forma recurrente, sino porque es el mismo sistema el que ordena aplicarla»

La responsable de Torturaren Aurkako Taldea (TAT) hizo un balance de la tortura durante el último año y denunció que «la única forma de acabar con esto es conseguir que les sea inútil practicarla». Llamó además «a la movilización de la ciudadanía para revertir la voluntad política de seguir torturando».

Asimismo, quiso remarcar la situación de debilidad extrema en que se hallan las mujeres cuando son detenidas, fenómeno que denominó «tortura de género». Recalcó que «a los políticos se les llena la boca hablando de su lucha por la igualdad de género» pero la eluden en los calabozos. «Las torturas contra la mujer no son muy distintas a las de los hombres, pero sí el modo de intimidarlas, con frases como `si no declaras, te voy a violar'».