La guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) tendió el domingo una emboscada al candidato del Partido Conservador a gobernador de Guaviare José Alberto Pérez Restrepo, una acción que fue repelida por el dispositivo de seguridad que le acompañaba y se saldó con la muerte de seis personas, entre ellas cuatro policías. Pérez resultó herido en una pierna y hospitalizado.

Efectivos de la Policía y el Ejército colombianos lograron evitar el secuestro del candidato y ex gobernador entre 2004 y 2007 tras resistir un ataque y posterior tiroteo que se prolongó durante veinte minutos en la localidad de El Capricho .

Guaviare convocó elecciones anticipadas para el 28 de febrero tras la dimisión en diciembre del anterior gobernador, Óscar de Jesús López Cadavid, también del Partido Conservador, después de que la Fiscalía ordenara su arresto por su presunta vinculación con los paramilitares.

Posibles delitos electorales

La Misión Internacional de Observación Electoral de Colombia, por su parte, alertó ayer de que los próximos comicios legislativos y al Parlamento Andino -14 de marzo- y presidenciales -30 de mayo- pueden ser afectados por la coacción del voto de algunos candidatos de partidos en el Gobierno a familias con subsidios y por ejecuciones selectivas y persecución de líderes comunitarios.

La Misión, integrada por ONG de siete países, presentó ayer en Bogotá su informe preliminar (el documento final se dará a conocer el 7 de marzo) sobre las condiciones de seguridad y transparencia en Colombia para las elecciones, en el que subraya que «aspirantes a la Cámara y al Senado han asistido a reuniones con los beneficiarios en las que se ha señalado que si no votan por ellos y por el candidato a la Presidencia por el Partido de la U (en el poder con Álvaro Uribe), los subsidios que reciben del presidente se acabarán».

La Misión recalcó que hay otros delitos que pueden afectar también a ambas citas. «Las amenazas de grupos armados constituye un factor de riesgo para un proceso electoral pleno y con completa libertad», dijo.

Pidió también la persecución del «testaferro electoral», en el que estructuras políticas «seriamente cuestionadas» pretenden perpetuarse mediante «el cambio de nombres de partidos o liderazgos familiares que si no son ilegales, llevan implícito un profundo sentido de ilegitimidad a un proceso democrático».