Hace ya un siglo Max Weber advertía cómo el estado, desde su nacimiento, se instituía y funcionaba en base al modelo de la burocracia, la manifestación organizacional del espíritu racional moderno. Siendo esto así, el estado, la más compleja y eficiente de las organizaciones políticas existentes, adoptaba una lógica racionalista cuyo objetivo principal era, al igual que el de cualquier otra organización, asegurar su supervivencia. Supervivencia que en las actuales democracias liberales se plasma en unas constituciones a las que se pueden añadir pequeños cambios, pero que finalmente aseguran -bajo la amenaza de la fuerza institucionalizada- el principio de integridad del territorio.

En el caso del conflicto vasco, observamos cómo en la última década el Estado español adopta una estrategia represiva novedosa, insólita en otros países cercanos, mediante la cual su poder judicial ilegaliza diferentes organizaciones independentistas vascas. La función de esta estrategia persigue el más básico de los principios del Estado, anteriormente mencionado, que es el de tratar de neutralizar a aquellos elementos políticos que amenazan su integridad territorial. Pero, si retomamos la idea de Weber sobre el espíritu racionalista del Estado, ¿cabe hablar de una lógica concreta e identificable que determine la acción represiva en el caso de las ilegalizaciones?

Para responder a esta pregunta, veamos brevemente cuándo y contra qué organizaciones se producen las ilegalizaciones. El sumario que por primera vez instituye, a través de un recorrido histórico plagado de errores, la doctrina judicial del «conglomerado de ETA» es el 18/98. Una vez instituida esta doctrina, se producen diferentes acciones ilegalizadoras: sumario 18/01 contra Jarrai-Haika-Segi; sumario 33/01 contra Gestoras pro Amnistía-Askatasuna, y sumario 35/02 contra Batasuna, entre otras. Un primer dato a tener en cuenta en estos casos es el del momento en que se llevan a cabo estas acciones. Se trata de los años 2001 y 2002, una coyuntura de intensificación del ciclo de conflicto político. Es en estos momentos de recrudecimiento de la contienda política cuando el Estado moviliza con más fuerza sus poderes, incluido el judicial, como mecanismo de autodefensa, y cuando la vulnerabilidad de las organizaciones disidentes es, por tanto, mayor.

La siguiente oleada de acciones legales contra organizaciones tiene lugar a partir del año 2007 hasta hoy. Los casos de EHAK y ANV en 2008, de D3M en 2009 y de otras marcas electorales, así como las sentencias definitivas contra Segi y Askatasuna los años 2007 y 2008 ilustran esta afirmación. De nuevo nos encontramos en la misma coyuntura que en 2001-2002, en el mismo punto de ciclo político: tras unos años de distensión, un nuevo momento de intensificación del conflicto, en el que la actividad represiva del Estado se endurece y la vulnerabilidad de las organizaciones vascas es mayor.

La estrategia represiva por tanto sí sigue una lógica definida: el Estado activa diferentes herramientas -siendo las acciones legales unas de las que mayor activación han experimentado los últimos años- cuando el conflicto se recrudece y su capacidad de neutralizar organizaciones disidentes es mayor. Cuando esto sucede, aflora el más básico instinto racional de supervivencia del Estado, que consiste en la utilización de unos medios -formalmente institucionalizados-, para conseguir un fin, el del mantenimiento de su orden, mediante la neutralización de elementos discordantes.

Perspectivas de futuro. Las conclusiones de todo esto pueden abordarse desde diferentes enfoques, pero las más útiles son las que se hagan en clave de futuro. Autores que tratan la temática de los movimientos sociales como Mc Adam aportan una interesante teoría que es la de la «interacción táctica». Según ésta, las situaciones de contienda política pueden analizarse según las diferentes acciones tácticas que tanto autoridades como grupos disidentes llevan a cabo. Las innovaciones en las acciones que cada uno de los bandos lleva a cabo suponen una ventaja para quien las realiza. Es decir, cuando los grupos disidentes realizan un tipo de acción novedosa, sorpresiva, que las autoridades no sepan cómo neutralizar, su capacidad y su impacto aumentan. El problema es que las autoridades también innovan en sus formas de acción, y adaptan su acción represiva al nuevo desafío. Cuando la «adaptación represiva» sucede, es necesaria una nueva innovación táctica que vuelva a desafiar las certidumbres sistémicas.

En Euskal Herria nos encontramos en pleno momento de «adaptación represiva» por parte del Estado. Las leyes forman parte de su esencia, y vemos cómo éstas se activan punitivamente en función de la coyuntura política. Pero en esta ecuación legalista hay elementos que no están presentes, y que son motor de cambio, como es el caso de la acción política no institucionalizada y la capacidad de movilización social. La acción política no institucionalizada incluiría todas aquellas iniciativas de agentes encaminadas al cambio político que se desarrollasen en un primer momento al margen de instituciones formales, para después poder modificarlas. Las alianzas estratégicas entre agentes que persiguen cambios socio-políticos profundos pueden conformarse como fuente de incertidumbres sistémicas, pero, tal y como hemos visto estos últimos meses, el precio de iniciativas de este tipo, desde un punto de vista penal, puede ser bien alto. Nos encontramos, de nuevo, ante una lógica de acción racional del Estado encaminada al mantenimiento de su orden.

El otro lugar motor de cambio político es la calle, donde se inventan e innovan los repertorios de acción colectiva, las formas de movilización que puedan «desajustar» las tácticas de las autoridades. Sin embargo, y pese a que Euskal Herria ha sido y es un referente en cuanto a movilización popular, los cambios sociales que la conformación del capitalismo contemporáneo extiende por todo el globo no ayudan en este sentido. En una época en la que la alienación de la que hablara Marx se ha extendido más allá del proceso de producción, colonizando también la esfera del consumo (o dicho de otra manera, la extensión del «consumismo»), en que las relaciones interpersonales cada vez están más mediadas por «nuevas tecnologías» frente al cara a cara, y en que la fragmentación laboral y social se imponen en un mundo progresivamente más cambiante, la capacidad de mantener niveles elevados de movilización supone todo un reto.

Por eso, frente a la frialdad burocrática del Estado y a la (neo)alineación atomizadora capitalista que configuran nuestras vidas, siempre nos queda apelar a aquello que no se puede ni regular, ni encarcelar, ni controlar: la imaginación y la creatividad, tanto individuales como colectivas, a partir de las que empezar a construir una sociedad nueva. La capacidad de pensamiento individual crítico es el «humus» del colectivo que toma conciencia y reclama los derechos que considera que le corresponden. Y aunque los tiempos no sean favorables, ahí está nuestra imaginación y ahí están, pese a la amenaza de los guardianes del orden, las calles, donde la creatividad colectiva pueda ser desarrollada. Donde se pueda construir y sumar al margen de la amenaza de las leyes y las ilegalizaciones. Y es que, lo que nunca va a poder ilegalizar el espíritu racional del Estado es el espíritu de las personas y los pueblos que luchan por sus derechos.