La secretaria general de LAB, Ainhoa Etxaide, emplazó ayer a las instituciones vascas a que exijan al Gobierno español, que preside José Luis Rodríguez Zapatero, que dé marcha atrás en el recorte de las pensiones. Acusó al presidente español de aprovecharse de la crisis para «entregar el negocio de las pensiones a la banca, que siempre se ha mostrado favorable a los recortes del sistema público para potenciar el sistema privado». Estas declaraciones, las hizo ante la sede de la Seguridad Social en Bilbo, donde se concentraron pensionistas y jubilados del sindicato.

Etxaide dejó claro que se debe de articular un debate en Hego Euskal Herria sobre el futuro del sistema de pensiones, apostillando que «debemos ser los agentes políticos, sociales e institucionales de Euskal Herria los que decidamos ese futuro». Defendió el modelo público de pensiones, porque hay recursos económicos para garantizarlo. La líder sindical señaló que más de 655.000 pensionistas viven «a pesar de este sistema de pensiones injusto».

Xabier Isasi, portavoz del área de Jubilados y pensionistas de LAB, recordó, tras el estudio en profundidad que realizó esta central sindical en 2009, que del total de jubilados y pensionistas «la mitad viven en situación de pobreza, y una parte muy elevada en la miseria por la escasa cuantía de las cantidades que reciben».

Isasi indicó que «exigimos garantizar aquí y ahora nuestras pensiones». Para ello, LAB reclama que ninguna pensión esté por debajo de los mil euros. «Hay que garantizar una renta mínima por encima del umbral de la pobreza, de 1.050 euros. Tanto para las personas que no pueden acceder a un empleo como aquellas en edad jubilación». LAB exige la creación de un fondo de garantía con las cuotas y el presupuesto público necesario, la puesta en marcha de una red pública de servicios sociales de calidad y «un cambio del modelo de fiscalidad para que las rentas tributen en una escala progresiva y se eliminen las ayudas fiscales a los fondos de pensiones».

Por otro lado, los secretarios generales de CCOO de Euskadi, Unai Sordo, y UGT-Euskadi, Dámaso Casado, llamaron a la sociedad vasca a manifestarse el 27 de febrero en Bilbo en contra de la ampliación de la edad de jubilación, medida propuesta en la reforma.