Más de 800 personas arroparon ayer a Mixel Berhokoirigoin en su comparecencia ante el Juzgado de Pau para hacer frente a las acusaciones de la Fiscalía contra Euskal Herriko Laborantza Ganbera. Un sobresaliente apoyo no sólo por el número, sino también por el amplio espectro de la representación social, sindical y política, de la que sólo se sustrajeron los sectores vinculados al centro y la derecha. Fue ese respaldo, quizá, la nota más destacada de una jornada en la que Berhokoirigoin volvió a defender el derecho de EHLG a seguir trabajando, como lo ha hecho en los últimos cinco años, para hacer realidad el proyecto de una agricultura sostenible y adaptada al entorno humano y medioambiental de Ipar Euskal Herria.

La fiscalía desplegó durante la vista una argumentación de naturaleza eminentemente política, acusando a Laborantza Ganbera de escudarse en una «lengua extranjera» -en referencia al euskara- para «suplantar» las funciones de la Cámara Agraria de Pau. Una cámara que, de forma significativa y al contrario que en el juicio celebrado el 29 de enero de 2009 en Baiona -en el que EHLG fue absuelta-, no se personó ayer como acusación particular. A pesar de ello, la Fiscalía insistió en mantener los cargos, asumiendo su rol de ariete contra cualquier iniciativa que, siquiera de refilón, cuestione el poder global y omnímodo del Estado francés.

En todo caso, la expresa referencia del fiscal a la «lengua extranjera» desnuda aún más el impulso último de este proceso judicial: impedir que en Ipar Euskal Herria se estimulen dinámicas activas e independientes que conciernan a los tres herrialdes, y que por lo tanto despejen un camino que París se empeña en obstaculizar con todos los instrumentos a su alcance: el de la articulación de instituciones territoriales comunes en Lapurdi, Nafarroa Beherea y Zuberoa. Un camino que Laborantza Ganbera no piensa abandonar.