Uno de los últimos argumentos que esgrimen los jueces de la Audiencia Nacional española para denegar un letrado, que no sea de oficio, a los vascos detenidos bajo la «legislación antiterrorista» es que al estar incomunicados no pueden designarlo. Aunque resulta obvio el objetivo que se persigue con ello, lo es más cuando día tras día se llenan páginas de periódicos con filtraciones interesadas del Ministerio de Interior sobre quienes se encuentran en manos de las FSE. Y eso sí es incongruente con un régimen de incomunicación.

Un día, un detenido puede no tener acusación alguna, y al día siguiente se trata de un «legal» de ETA. Un día, no hay datos para concluir que la organización armada pensara asentarse en Catalunya, y al siguiente concluyen que iban a montar un almacén logístico en una masía. Y todo ello lo dice el conseller de Interior, Joan Saura, que asegura que esas declaraciones han sido realizadas en la Audiencia Nacional.

Podría haber sido así en caso de que los Mo-ssos los hubieran trasladado ante el juez en lugar de dejarlos en manos de la Guardia Civil. Saura cuenta con informaciones que le ofrece Madrid, pero insinúa desconocer que Marcos, Aristegi y Rosales, así como otras cuatro personas, se encuentran incomunicados, y que a algunos aún les quedan al menos otros tres días. Otra incongruencia: si cuentan con tantas pruebas -¿o son nombres «citados» en comisaría?-, ¿para qué se necesitan cinco días?