El presidente de EKE, Koldo Martínez, exigió ayer al Gobierno de Miguel Sanz que conceda «ya» la licencia de emisión para Euskalerria Irratia, «porque no hay ningún motivo para no hacerlo». Martínez hizo esta declaración durante una rueda de prensa en la que valoró la reciente sentencia del TSJN que anula la adjucación de las concesiones de radio realizadas por el Ejecutivo navarro a Radio Universidad y a Net21.

Además, esta resolución retrotrae el proceso hasta lo dictaminado en la anterior sentencia de 22 de diciembre de 2005, que también anuló las concesiones.

Koldo Martínez añadió que los miembros de EKE están «contentos» por haberle ganado nuevamente un pleito al Gobierno de Sanz en los tribunales de justicia. «Pero estaríamos mucho más contentos -precisó- si el Gobierno cumpliera la ley, si obedeciera las órdenes que le dan los tribunales de Justicia, si no hiciera fraude de ley, si no actuara en contra de la ciudadanía de Navarra y de uno de sus propios idiomas, si actuara democráticamente y dejara de lado sus enfermizas obsesiones respecto al euskara y la cultura vasca».

Tras señalar que el «insulto» a los ciudadanos navarros por parte del Gobierno de UPN «está durando ya excesivo tiempo», el presidente de EKE exigió que Euskalerria Irratia sea resarcida «por todos los daños y perjuicios sufridos a lo largo de estos diez años».

También aseguró que el «empecinamiento» del Gobierno de Sanz contra esta emisora euskaldun «tiene claros signos de prevaricación». En este sentido, dijo que se trata de una cuestión que «no es baladí» y anunció que EKE la va a estudiar «con la profundidad y la seriedad que se merece» y que no descarta recurrir a los tribunales.

En su comparecencia, el presidente de esta fundación hizo un llamamiento a todos los partidos parlamentarios de la oposición para que exijan, de forma consensuada, «todas las responsabilidades políticas» al Gobierno de UPN. «Ya es hora -dijo- de que Nafarroa Bai, PSN, CDN e IUN estén a la altura de las circunstancias».

Por su parte, la abogada Asun Galar afirmó que la sentencia del TSJN es «clara» y que la mesa de contratación «tiene una obligación por ley, que es la de valorar todos los aspectos de la concesión y elevar una propuesta razonable».