Daniel Luna integra la Coordinación Nacional del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNSL), un movimiento civil que se constituyó en 2006 para lanzar de nuevo la propuesta del socialismo como «alternativa viable para resolver el problema de los 80 millones de pobres que hay en México y cuya situación no tiene posibilidad de cambiar bajo un sistema capitalista».

Este luchador social, «amenazado de persecución, tortura y muerte» desde el noviembre, se ha acercado a Euskal Herria de la mano de Komite Internazionalistak para denunciar ante distintas instancias y organizaciones la situación de hostigamien- to, represión y violencia que viven los activistas políticos, sociales y de derechos humanos.

Vuelve a Euskal Herria para denunciar el acoso y la represión sistemáticas contra activistas políticos, sociales y de derechos humanos. ¿En qué se concretan?

Son muchos años de represión y cárcel, pero en esta última etapa del FNLS el acoso y la criminalización se intensificó cuando pusimos en marcha una campaña internacional por la presentación con vida de los desaparecidos, de todos independientemente de su forma de lucha, e incluimos a dos dirigentes del Ejército Popular Revolucionario (EPR), un grupo armado. Eso generó una campaña por parte del periodismo de Estado, pero nosotros mantenemos que la desaparición forzosa es un crimen de lesa humanidad que no se le puede hacer a nadie. Coincidiendo con una comparecencia sobre este tema, en mayo de 2008 empezaron los sobrevuelos rasantes de helicópteros artillados del Ejército sobre comunidades indígenas del FNLS, una amenaza directa que se prolongó durante días y dio paso a incursiones directas por tierra en algunas comunidades de Ocosingo. También en mayo murió un destaca- do compañero en un accidente muy misterioso e inexplicable; otros dos desaparecieron durante días y aparecieron en muy malas condiciones y muy golpeados; se intentó secuestrar a otro más que acabó perdiendo una pierna... No creemos en las casualidades y lo vemos como una respuesta a esa campaña contra la desaparición forzada.

En el caso de Chiapas, la oposición a la explotación minera también ha encontrado una respuesta represiva.

La respuesta a la oposición a las concesiones a las multinacionales mineras ha sido inmediata. El 10 de noviembre de 2008 dimos una rueda de prensa muy documentada sobre las consecuencias de la minería y a los dos días desconocidos irrumpieron en las casas de las dos personas que la dieron, cuyos nombres y fotografías salieron publicadas y les sustrajeron información. Tampoco pensamos que fuera una casualidad. Y se han dado muchos casos de hostigamiento por parte del Ejército, policías uniformados y agentes de civil coincidiendo con acciones importantes que hemos realizado. Espían nuestras llamadas telefónicas, nos hacen seguimientos, ofrecen dinero a gente próxima a cambio de información...

¿Qué objetivos se persiguen?

Ahora hay un problema muy grave en México que se está denunciando en todos los estados, y es que la famosa guerra contra el crimen organizado y el narcotráfico se está utilizando para intentar implicar falsamente y criminalizar las luchas sociales. Muchos de los miles de muertos y desaparecidos lo son por razones políticas, no todo el mundo está relacionado con el narcotráfico. En ese saco meten a todo aquel actor político y social que esté en contra de los intereses del Estado, ya sean los suyos o los de las transnacionales a las que ellos abren las puertas. Hay innumerables ejemplos de acusaciones muy graves contra algunos de los indígenas que se oponen a la construcción de una gran carretera que sólo responde a intereses de las cadenas turísticas transnacionales pero a ellos no les va a beneficiar porque va a deteriorar su medio ambiente y les va a desplazar, y contra quienes encabezamos la lucha antiminera en Chiapas, a los que nos imputan estar preparando un levantamiento armado en 2010 y de que para financiarnos y conseguir armas tenemos vínculos con el cártel más poderoso de la droga, el del Chapo Guzmán, y la banda criminal de los Zetas, implicada en el narcotráfico y otros negocios similares, al tiempo que nos vinculan también con el EPR, con el ERPI... con todo el mundo. Quienes aparecemos en estos informes de inteligencia militar somos las cabezas más visibles del movimiento antiminero en Chiapas y si hay algo claro es la estrategia del Estado para defender los intereses de 54 concesiones mineras dadas a cuatro empresas canadienses.

Amnistía Internacional ya denunció la represión y la desprotección de los activistas. ¿Se ha tomado alguna medida por parte de las autoridades?

No han hecho nada que pudiera llevar a pensar que están en vías de atender esta problemática de violación de los derechos humanos. Al contrario, es peor cada día. Es un país totalmente militarizado, con soldados que fueron entrenados no para pensar, dialogar o prevenir, sino para aniquilar. Y han actuado así en muchos sitios. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha exigido que se elimine el fuero militar, pero todo lo que sea tocar a los militares es impensable en México, y ellos hacen lo que quieren sin respetar los derechos constitucionales o humanos. Existe claramente un Estado de excepción no declarado, en el que los militares son los dueños del lugar donde se asientan y no hay más ley que la suya.

Es inútil, entonces, recurrir a instancias del Estado. ¿Cuál es la vía que les queda?

Una de las cosas que debemos hacer es denunciarlo ante todas las instancias posibles. Que quede constancia de que se está denunciando. Primero tenemos que agotar las instancias nacionales, aunque no tenemos ninguna esperanza en las autoridades mexicanas. Sabemos que es una pérdida de tiempo, pero queda constancia de que lo hemos denunciado y de las irregularidades cometidas durante el proceso. Optamos por la presión política y, por eso, hacemos giras como ésta. Cuando el Estado ve que los ojos de fuera están puestos sobre él, sobre todo los de Europa, afloja y nos quita un poco el riesgo que tenemos algunos encima.

¿Cómo se concreta la resistencia de las comunidades indígenas y campesinas ante el robo de tierras, los desplazamientos, la apropiación de los recursos mineros, del agua...?

Primero empiezan con las denuncias públicas, ahora que saben que pueden recurrir a algunos medios de comunicación y a algunos organismos de derechos humanos, y las marchas tranquilas. Nunca sirve de nada, pero se hace. No se les puede parar en los tribunales ni en las mesas de diálogo y no queda otra opción que la movilización, que suele ser bloqueos de carreteras. Te obligan a llegar a un grado extremo que es ilegal, aunque legítimo porque no tenemos otra forma de pelear. Pero la impunidad de las mineras es total.

¿Es la guerra contra el narcotráfico un pretexto para militarizar México y acabar con la disidencia?

No diría que es específica para acabar con el movimiento social, sino que es una carambola a varias bandas. Tras el fraude electoral, Felipe Calderón situó el narcotráfico como principal problema del país, cuando lo era la pobreza, para tener el pretexto de sacar a las calles a los militares. Lanzó de inmediato la guerra frontal contra el narcotráfico, cuyo el primer efecto fue acallar el descontento contra el fraude electoral, pero también se hizo para garantizar los puntos pendientes de la agenda neoliberal y poder llevar a cabo la privatización del petróleo y la energía eléctrica que ya intentaron Zedillo y Fox, y con el Ejército en la calle contener el movimiento social que podía oponerse. Además, estalló la crisis económica.

¿Se le fue de las manos?

Lo que pasa es que Calderón pateó el avispero. Los políticos panistas han hecho lo mismo que el PRI, imponer una nueva dictadura de ultraderecha, pero sin tomar en cuenta que hay que dar a todos para evitar problemas. Rompieron los equilibrios del mercado del narcotráfico y algunos acuerdos tácitos que había en el país, y ése fue el problema. Irrumpieron de forma irresponsable, porque Calderón debía saber que sus policías estaban totalmente implicados en el narcotráfico, en diferentes cárteles. No puedes pretender luchar contra algo tan grande como el narcotráfico cuando tienes ese tipo de Policía, Ejército y políticos.

Según datos oficiales, en los últimos ocho años ha habido 150.000 deserciones en el Ejército, cifra que coincide con la de paramilitares. No porque hallaron mejores condiciones laborales, sino una mina de oro. El Estado los entrena con recursos públicos y luego pasan a engrosar las filas de la delincuencia organizada. Tal vez no todos, pero con un 10% que lo haga ya te voltearon el país. Y los Zetas son eso, ex militares que desertaron y ahora controlan una de las bandas criminales más importantes. Es un Ejército paralelo.

Ha relacionado también la crisis económica con esta guerra.

La crisis económica provoca un enorme boquete en la economía del país, cuyos principales pilares eran el petróleo y las remesas desde EEUU. Nuestra economía depende totalmente de la de EEUU, que ya no nos compra, y la economía informal, que no genera ingresos al Estado, pasa a ser una de las fuentes que sostiene el país. ¿Qué otra fuente le queda al Estado? Controlar el narcotráfico para poder hacerse con ese recurso, pero la gente que lo controla pertenece a diferentes cárteles, aunque es bien sabido que su cártel favorecido es el del Chapo Guzmán.

Ahora sí es el principal problema del país y el Estado es culpable de meternos en una guerra que provoca muchos muertos, pero que le conviene para, en nuestro caso, criminalizarnos y vincularnos con el Chapo guzmán y los Zetas y colocarnos en una situación muy peligrosa. Lo más fácil ahora es usar el narcotráfico para criminalizar no sólo a las organizaciones sino al pueblo en general. Es una situación perfecta que favorece al Estado para apartar a los incómodos y organizar el mercado de la droga de cara a sostener al propio Estado, que se les está cayendo.

¿Son equiparables las situaciones de México y Colombia?

Desgraciadamente, cada vez hay más similitudes. En vez de que la experiencia de Colombia hubiera servido a toda Latinoamérica para no repetir ese terror de Estado, ha sucedido al contrario. Uribe es uno de los presidentes más cercanos a Calderón y la asesoría del Gobierno colombiano es muy clara en este sentido. En México liberaron a los paramilitares implicados en la masacre de Acteal, en un momento en que había fuertes enfrentamientos entre un grupo paramilitar y el EZLN por la autopista turística. Inmediatamente la beligerancia de ese grupo paramilitar aumentó, porque el mensaje políti- co que les envió el Estado era que «no hay problema, si salieron los de Acteal, sale cualquiera». Y eso es Colombia..