El Parlamento de Gasteiz expresó ayer su deseo de que los imputados en el juicio contra «Euskaldunon Egunkaria» sean ab- sueltos, al tiempo que «muestra su preocupación por la situación laboral y personal» de éstos tras el cierre del diario.

La iniciativa partió de Aralar y, ante una enmienda del PSE, ambas formaciones alcanzaron un texto compartido que fue el que finalmente se sometió a la consideración de la Cámara, donde obtuvo también el apoyo de PNV y EB. El deseo de absolución viene justificado en la propuesta por la posición adoptada por la Fiscalía en el juicio recién celebrado.

En la actualidad, los cinco imputados están pendientes de conocer cuál será la sentencia de la Audiencia Nacional. La Fiscalía y sus defensas pidieron la absolución, mientras que la acusación popular, ejercida por Dig- nidad y Justicia y la Asociación de Víctimas del Terrorismo, exige penas de entre doce y quince años de cárcel por un «delito de integración en organización terrorista». Tres de los cinco procesados -Joan Mari Torrealdai, Iñaki Uria y Martxelo Otamendi- siguieron el debate desde la propia Cámara.

Posiciones encontradas

El texto del acuerdo y, sobre todo, la firma del PSE fueron duramente criticados por UPyD y PP, que acusaron a quienes lo apoyaban de entrometerse en la acción de la Justicia. Carlos Urquijo volvió a mostrar de su vehemencia al sostener la imputación policial y añadir que ésta es «la segunda actuación más grave» del PSE desde su llegada al Gobierno de Lakua, tan sólo por detrás de su postura al dejar en «agua de borrajas» las peticiones de disolución de ayuntamientos gobernados por miembros de la ilegalizada ANV.

Urquijo también tuvo un duro enfrentamiento con el parlamentario de EA, Jesús Mari Larrazabal, por su denuncia de las torturas que padecieron los detenidos en aquella operación y que el representante del PP no dudó en cuestionar.

En todo caso, lo más relevante del discurso de Larrazabal fue que consideró que el texto acordado por Aralar y PSE era claramente insuficiente, puesto que la petición de absolución de los procesados no podía formularse como un «deseo», sino como una «exigencia política» de una institución ante una actuación política. Por ello, decidió no tomar parte en la votación.