Hubo quien aventuró en la primavera de 2008, tras la consagración episcopal de Mario Iceta como obispo auxiliar de Bilbo, que las aguas volverían a su cauce y que la convulsión que vivió la Iglesia vizcaina al conocerse la decisión de Roma no se repetiría; se equivocaron. Sólo ha hecho falta que el rumor de la marcha de Blázquez a tierras pucelanas tomara cuerpo para que comenzasen las primeras valoraciones críticas en torno al trabajo realizado por el de Villanueva del Campillo en los últimos quince años en Bilbo y se produjesen los primeros pronunciamientos en contra de que la Santa Sede designe al gernikarra como su sucesor.

Una muestra evidente de la nueva «rebelión» contra los planes de la curia vaticana es la recogida de firmas que ha comenzado en diferentes parroquias, en la que muchos fieles se vuelven a posicionar en contra de que Iceta se convierta en el pastor de la Iglesia de Bizkaia.

Lo curioso de la iniciativa es que el documento que se invita a rubricar a los creyentes surge del seno de la comunidad diocesana vizcaina cuando desde la jerarquía de la Iglesia española se aventuró que la crisis vivida con el nombramiento de Mario Iceta Gavicagogeascoa no se repetiría. El tiempo ha demostrado que las heridas abiertas hace dos años no han cicatrizado.

Cabe recordar la dimisión del secretario general del Consejo Pastoral Diocesano, el máximo órgano laico en la diócesis, y la protesta pública de los cinco miembros de la Comisión Permanente del Consejo Presbiterio y nueve del Comité Ejecutivo del Consejo Pastoral Diocesano por no haber sido oídos, «ni tan siquiera informados» por la curia vaticana.

El secretario dimisionario subrayó que la decisión de Roma ponía en cuestión la trayectoria de la Iglesia vizcaina de las últimas décadas. «De un solo plumazo nos han desautorizado a todos, a los curas y a quienes no lo somos», apostilló.

GARA informó el domingo de las reflexiones críticas de cristianos de base en torno a los nuevos cambios que se atisban. Eliza Gara, por ejemplo, censuró el papel «despótico» que otorga la Iglesia católica oficial a los obispos. «Un mandato despótico en el que se creen con el absoluto poder de la verdad, tratando al resto de los fieles como unos menores de edad que han de ser enseñados, conducidos, guiados. No se dan cuenta de que los fieles de sus comunidades somos en gran medida personas adultas, con capacidad de pensar, que llevamos tiempo ejerciendo nuestros derechos en la sociedad civil», declararon.