Ha sido tal la destrucción de empleo que pese al nuevo enfoque de la Casa Blanca para centrarse de lleno en el problema, en un año de elecciones, el panorama a corto plazo es altamente sombrío.

Mientras muchos economistas creen que la recesión técnicamente ha terminado, casi 15 millones de estadounidenses no pueden encontrar trabajo. Y de ellos, 6 millones llevan sin trabajar más de seis meses.

El presidente Barack Obama ha pedido casi 300.000 millones de dólares más para prolongar el pago de compensaciones por seguro de desempleo. En diciembre la Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley por 154.000 millones de dólares para estimular el empleo. El Senado debatirá el lunes una versión mucho más modesta, aunque con escasas posibilidades de éxito.

Con o sin un nuevo plan de estímulo centrado en los puestos de trabajo, la reducción del paro, ahora casi el 10%, a un nivel inferior al 5% como antes de la recesión, no ocurrirá pronto, especialmente al expirar los planes de gastos extraordinarios y estímulo orquestados por el gobierno.

Podría demorar cinco años o más igualar el porcentaje de 2007.

Volver al nivel de desempleo previo a la recesión y satisfacer el crecimiento de la población en edad laboral requerirá la creación de 10 millones o más de empleos.

Es una tarea muy difícil. Según los cálculos del gobierno, la economía creará un promedio de sólo 95.000 puestos de trabajo este año.

«Se puede afirmar, acertadamente, que no hemos logrado los avances necesarios en lo referente a la creación de empleo», reconoció Obama la semana pasada al cumplirse el primer aniversario de su plan de gastos extraordinarios de 787.000 millones de dólares.

Cuando Obama llegó a la Casa Blanca, el desempleo era del 7,6%. Tras superar el 10% en los últimos tres meses del 2009 descendió al 9,7% en enero. Empero, la Casa Blanca pronostica ahora que seguirá atascado en el 9% hasta bien entrado el 2011.

La directora del Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca, Christina Romer, reconoció que podrían pasar años antes de que el desempleo retroceda a niveles más normales, pese a que la Casa Blanca insistió en pronosticar cuatro años de un crecimiento del 4% o más, mucho más risueño que el de la mayoría de los economistas privados. «Probablemente no ha existido -desde hace mucho tiempo- un conjunto de desafíos económicos tan grandes» como los encarados por el país en los últimos dos años, dijo Romer.

La Casa Blanca pronosticó a principios del 2009 que si el Congreso aprobaba con premura sus planes de gastos extraordinarios, el desempleo no superaría el 8%. «La verdad es que no tenemos una bola de cristal» para pronosticar el futuro, reconoció Romer.

El miedo de los trabajadores de Toyota

Con ese panorama de fondo, el escándalo mediático en torno a Toyota por los fallos detectados en sus vehículos cobra actualidad esta semana, ya que sus directivos están llamados a declarar ante la Comisión de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes estadounidense y crecen los temores por las repercusiones en los 33.400 empleos directos y 140.000 indirectos del gigante nipón del automóvil en EEUU.

El fabricante número uno mundial de automóviles retiró del mercado unos nueve millones de vehículos debido a un acelerador que se bloqueaba y a frenos defectuosos, y analiza un eventual retiro de su popular modelo Corolla por problemas con la dirección. Las fallas de los vehículos están en el ojo de la tormenta tras querellas judiciales por la muerte de 30 personas en Estados Unidos, que podrían estar relacionadas con los defectos reconocidos.

«Desearía tener a varias empresas como ésa en mi circunscripción creando empleos de calidad para mis contribuyentes, pero no se trata de eso», declaró. «Tenemos responsabilidades para todo el mundo en este país» y «estamos hablando de acusaciones serias», afirmó antes de que la Comisión de energía y comercio de la Cámara de Representantes reciba el martes al director de Toyota-Estados Unidos, James Lentz.

Por su parte, los integrantes de la Comisión de vigilancia de la acción gubernamental de la Cámara de Representantes interrogarán el miércoles a los ejecutivos de Toyota, entre ellos al presidente del grupo, Akio Toyoda. Los legisladores le pedirán explicaciones por la lenta reacción de la empresa a los problemas de aceleración involuntaria de los vehículos, que habrían surgido en 2007 o incluso antes, ante acusaciones de que Toyota ocultó esas fallas.

Sin embargo, algunos legisladores buscarán ser cautos para no agravar los problemas de Toyota, cuyas ventas cayeron un 15% en enero en relación al año anterior. Ante esto, el fabricante nipón planea suspender la producción de uno a cuatro días hasta abril en su planta en Kentucky (centro), y dos semanas hasta mediados de abril en una fábrica de Texas.

Los empleados de ambas plantas continuarán recibiendo su paga. Pero si las ventas de Toyota siguen cayendo, el fabricante, que ya tiene muchas plantas en Estados Unidos con relación a su producción, podría tener que recortar empleos.

Algunas voces acusan al Gobierno, actualmente propietario del 60% de las acciones de General Motors y del 8% de Chrysler, de «conflicto de intereses» en este caso.

Para David Cole, presidente del Centro de Investigación Automotriz, algunos funcionarios pueden estar tentados de ser duros contra Toyota. «Si usted representa a un estado donde hay muchos fabricantes estadounidenses (...) es una oportunidad para ejercer presión sobre los competidores de los obreros del distrito que usted representa», según indicó.