Miembro de Sos-Racismo en Nafarroa, Ion Kepa Soltxaga no duda de que la Ley de Extranjería española es «racista y xenófoba» y que desde el poder se crea «un discurso criminalizador» de las personas inmigrantes.

¿Qué valoración hace de la reciente circular de la Dirección General de la Policía española?

Desde hace un tiempo venimos denunciando prácticas irregulares de la Policía en la detención de personas inmigrantes. Esta última circular demuestra que la Policía está deteniendo en controles de identidad a ciudadanos extranjeros perfectamente documentados. No es difícil darse cuenta de la gravedad de la situación: si en un «Estado de Derecho» se alienta a la Policía, al margen de la ley, a privar de libertad a los ciudadanos, ¿hasta dónde estaremos dispuestos a llegar? Las órdenes son claras: «detención preventiva» de cualquiera que, aun siendo regular, no pueda acreditarlo en ese momento. Este arresto «cautelar» tiene el amparo de la nueva ley, pero el legislador sólo habla de ella como una opción («podrá») no como una obligación. La circular, incluso, introduce una nueva figura jurídica que no aparece en la Ley de Extranjería: la detención «a efectos de identificación». Interior ordena esas «detenciones cautelares» con carácter previo al expediente de expulsión, sin saber si hay una causa real que la justifique. Es decir, ordena privar de libertad sin conocer todavía si la sanción desembocará en una orden de expulsión, ya que podría terminar en una simple multa.

¿Son habituales las detenciones preventivas de inmigrantes?

No tenemos constancia de que sean habituales, lo cual no quiere decir que no lo sean. Pero sí hemos constatado que la detención preventiva se ha aplicado incluso antes de esta circular. Desde hace tiempo, en muchos casos las personas que no pueden demostrar su estancia en el momento en que la Policía se la requiere, son detenidas de manera preventiva y conducidas a la comisaría para verificar su permiso. En Iruñea sí hemos visto desde hace un tiempo cómo ha aumentado el hostigamiento en espacios públicos y lugares de ocio a personas inmigrantes. Se han detectado puntos calientes donde, casi sistemáticamente, se está pidiendo documentación a personas sólo por sus rasgos físicos.

¿Qué ocurre si una persona inmigrante es identificada por la Policía y está sin papeles?

En un primer caso dependerá del policía que se la requiera. Lo normal sería que le pusieran una multa, ya que el hecho de no llevar este documento no es un delito, sino una falta administrativa. Pero lo más habitual es que le conduzcan a comisaría y comiencen a realizar la orden de expulsión. Luego hay dos opciones: que le dejen en la calle con la orden de expulsión o le lleven a un CIES (Centro de Internamiento de Extranjeros), eufemismo utilizado por las autoridades para llamar a estas cárceles para trabajadores inmigrantes. Tras esa estancia, que es de sesenta días como máximo, hay dos opciones: que le deporten a su país, si su gobierno lo acepta, o que le vuelvan a dejar en libertad. Al parecer, esta circular va a conseguir que a partir de ahora los inmigrantes «sin papeles», sus abogados, los fiscales e, incluso, los jueces no conozcan cómo aplica e interpreta la Policía la nueva Ley de Extranjería.

El Ministerio de Interior sostiene que las detenciones preventivas no distinguen entre «españoles y extranjeros».

Ningún gobierno reconocerá esta distinción porque significaría reconocer el racismo institucional que hoy ejercen los estados contra las personas inmigrantes. Tampoco se reconoce que en el Estado, y en toda Europa, haya leyes para unas personas y leyes para otras dependiendo de su origen. Es decir, no se reconoce que la leyes de extranjería de los distintos estados europeos son leyes xenófobas que diferencian según su origen a los ciudadanos, convirtiéndoles en ciudadanos de segunda y tercera categoría, carentes de muchos derechos con los cuales contamos la población autóctona.

Incluso los sindicatos policiales se han posicionado en contra de dicha circular. ¿Qué opina?

El propio SUP reconoce que se está abocando a la Policía a practicar detenciones ilegales que podrían ser constitutivas de delito. Aunque sólo sea por guardarse las espaldas, no es la primera vez que denuncian las órdenes de sus superiores. Antes también lo hicieron con los cupos de detenciones por barrios que los sindicatos policiales destaparon en Madrid. Esto demuestra que se están rebasando límites insospechados de conculcación de derechos.

¿Ratifica sus denuncias?

Lo cierto es que a las asociaciones que trabajamos en contra del racismo y de la xenofobia a veces nos resulta difícil demostrar cosas que sospechamos por denuncias y el seguimiento que hacemos de las mismas, ya que al final nos encontramos con que las instituciones no son tan transparentes a la hora de aportarnos este tipo de información. Esta clase de denuncias nos vienen bien, ya que prueban el tipo de política que aplican con nuestros vecinos llegados de otros países y corroboran, por desgracia, nuestras sospechas.

¿Ve algún tipo de solución?

La Ley de Extranjería supone una indefensión para las personas inmigrantes y una mano de obra dócil y barata que se encarga de explotar el mercado, casi siempre en trabajos precarios. A la vez, las utilizan como cabeza de turco para problemas estructurales que no han sido creados por ellos, sino por el sistema económico neoliberal que rige las sociedades occidentales. No hay más que ver los discursos que envenenan la convivencia desde la llegada de la crisis. Los sindicatos deberían comenzar a tener más en cuenta a estos sectores y las izquierdas, plantear un discurso potente y claro contra esta ola reaccionaria.