La decisión del Gobierno español, que preside José Luis Rodríguez Zapatero, de elevar el tipo general del IVA del 16% al 18% y el reducido del 7% al 8% causó en setiembre una reacción en cadena de malestar porque dar ese paso supone gravar más a las rentas más bajas. Aunque el tipo «súper reducido» del 4% que se aplica a los alimentos de primera necesidad se mantendrá congelado, es evidente que el incremento del resto influirá en el precio final.

Estos mismos valores del IVA se aplicarán en Hego Euskal Herria, puesto que las haciendas forales de Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Nafarroa están supeditadas a lo que decide Madrid.

Aquellos temores se han confirmado en un estudio al que ha tenido acceso GARA y que forma parte de una beca de Investigación financiada por el Ministerio español de Ciencia y Tecnología. Ha sido elaborado por los profesores Juan Carlos Conesa, de la Universitat Autònoma de Barcelona; Javier Díaz-Giménez, del IESE Business School; Julián Díaz-Saavedra, de la Universidad de Granada; y Josep Pijoan-Mas, del CEMFI, el centro de estudios que depende del Banco de España. Tras un análisis amplio, llegan a la conclusión de que «por cada punto porcentual que consigue aumentar la recaudación, la producción media a coste de los factores se reduce en 0,52 puntos y las horas trabajadas bajan en 0,75 puntos». También sostienen que «la mayor parte del aumento de la carga fiscal recaerá sobre los pobres, los mayores y los pensionistas» y precisan, asimismo, que «aumentar el impuesto del IVA contraerá la actividad y el empleo».

Mayor recaudación

Con esa medida, el Gobierno español busca recaudar por IVA un total de 5.150 millones hasta 2012. La medida tendrá su traslado a un incremento de los ingresos tributarios de las haciendas forales vascas en perjuicio de quienes tienen salarios más bajos. En Araba, Bizkaia y Gipuzkoa en 2009 se ingresaron por IVA un total de 3.528,2 millones, lo que supuso una caída del 20,8% respecto a un año antes por la bajada de la actividad económica. Quedó lejos de los 4.837,4 millones de 2007.

El trabajo de los cuatro profesores -«La subida del Impuesto sobre el IVA: demasiado cara y demasiado pronto»- explica de forma pormenorizada la situación que se producirá a partir de julio. Detallan tres aspectos fundamentales. El primero de ellos, que la subida de los tipos de IVA «cambia el precio relativo del consumo y de las actividades no remuneradas, entre las que se encuentra el ocio, pero también el trabajo doméstico y las actividades que se realizan en la economía sumergida». Confirman, en este sentido, que los precios y servicios que se compran en el mercado «se encarecerán».

Otro segundo argumento indica que el incremento del IVA «produce un efecto renta que se debe al aumento de la presión fiscal. Los hogares se dan cuenta de que van a ser más pobres a partir de 2010 y que su capacidad de compra se va a reducir». En tercer lugar, el estudio determina que al haberse anunciado en 2009 se produce un efecto en el consumo de «abaratamiento», pero «en 2010, de encarecimiento. Los hogares consumirán más antes de la subida y la reducirán a partir de julio».

Medida regresiva

A juicio de los autores del trabajo, la subida tendrá «un impacto negativo importante sobre la producción medida a coste de los factores», en torno al 0,65%. En cuanto a la recaudación del impuesto, calculan que aumentará un 10,5% a partir del 2010, sin embargo, la recaudación fiscal tan sólo lo hará en un 1,7%. «El motivo del bajo impacto sobre los ingresos fiscales totales -señala el estudio- se debe a que como se reduce la producción, los ingresos de algunas figuras impositivas también disminuirán, como ya se ha notado en el ejercicio de 2009». En cuanto a la redistribución de las cargas fiscales, precisa que «tendrán un impacto relativamente mayor sobre la población más pobre y de mayor edad. Estos resultados confirman el carácter regresivo de los impuestos sobre el consumo. En nuestro modelo -sostiene- el aumento de la carga fiscal afecta especialmente a los jubilados».

Diferentes voces críticas con la decisión del Gobierno español y las haciendas forales reclaman otro tipo de medidas para que sean las rentas de capital las que paguen más impuestos. Hay que señalar que desde 2000 a 2009 los beneficios empresariales han crecido en plena crisis económica un 167% más que los registrados en 2001. También piden que aflore la economía sumergida y la evasión de tributos a través de los paraísos fiscales.