Tras la última operación policial
Rubalcaba valora los arrestos, pero avisa de sus limitaciones
El ministro de Interior español se muestra satisfecho por la cadena de redadas contra ETA, pero también deja claro que la vía policial no es omnipotente: «Nosotros tenemos que acertar todos los días, a ETA le basta una», dijo ayer.
GARA | DONOSTIA
Las capturas en Normandía de Ibon Gogeaskoetxea, Beñat Aginagalde y una tercera persona que fue identificada ayer como José Lorenzo Aiestaran han sido presentadas por medios españoles como la culminación de las detenciones en cadena de las últimas semanas. También el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, se declara muy satisfecho. Sin embargo, al mismo tiempo Rubalcaba mantiene el nivel de alerta. Ayer, por tercera vez consecutiva en una semana, subrayó que la organización armada mantiene la capacidad de atentar. «Y tiene voluntad de hacerlo», añadió.
En declaraciones a la Cadena Ser, Rubalcaba citó que en los últimos 59 días se han producido 32 detenciones que las FSE vinculan a ETA. Pero al mismo tiempo resaltó que «la Policía y la Guardia Civil necesitan acertar todos los días, y a ellos les basta con acertar una vez».
En concreto, Rubalcaba lleva advirtiendo insistentemente de la posibilidad de atentados desde diciembre, cuando en Erandio detalló incluso la hipótesis de un secuestro. Poco después empezaron a producirse detenciones como las desarrolladas en Portugal, las centradas luego en Ondarroa, las posteriores de Portbou o la última operación desarrollada anteayer en Cahan (Normandía).
Esa hipótesis del secuestro se ve alimentada, siempre según Rubalcaba, por el hallazgo en Cahan de unos grilletes, «que no es algo que habitualmente tengan los comandos de ETA», según precisó el ministro.
No niega la iniciativa política
En paralelo, en la entrevista llamó la atención el hecho de que Rubalcaba ya no reste importancia a la iniciativa política de la izquierda abertzale, que hace unos meses menospreció de forma clara.
Tras el documento de conclusiones ``Zutik Euskal Herria'', Rubalcaba afirmó ayer que «negar que se están moviendo cosas no tiene sentido», pero matizó acto seguido que a estas alturas «hemos aprendido todos que o las cosas quedan meridianamente claras o es mejor no jugar. O votos o bombas -reiteró una vez más-. No valen ambigüedades ni medias tintas».
El presidente del EBB del PNV, Iñigo Urkullu, manifestó por contra que «llama la atención» que «cada vez que la autodenominada izquierda abertzale hace un pronunciamiento público, inmediatamente se practiquen detenciones» de presuntos militantes de ETA.
«No voy a entrar en si es acción-reacción o si se trata de arrestos preventivos», indicó en una entrevista a Onda Vasca. Respecto a ETA, estimó que «da la impresión de que no hace caso ni a la exigencia de la mayoría de la sociedad vasca y ni a la de la mayoría de la autodenominada izquierda abertzale».
Patxi Zabaleta, coordinador de Aralar y parlamentario de Nafarroa Bai, opinó que «no hay que quitar la relevancia que tiene» a esta redada, pero matizó a continuación que «no es probable una finalización del conflicto por la vía policial, ya que tiene un origen político y lo que tiene origen político no se acaba por medios policiales».
El presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti, extrajo una conclusión en sentido contrario. En su opinión, las detenciones de Normandía muestran que «a ETA se le puede ganar» sin necesidad de recurrir a «negociaciones ni cesiones».
En su estilo habitual, Basagoiti subrayó que «cada vez hay menos terroristas en el mercado». Y puso el acento en que «hemos oído durante muchos años que era imposible vencer a ETA, y es mentira».
Lo mismo hizo en Nafarroa el portavoz parlamentario de UPN, Carlos García Adanero, para quien «el buen camino es utilizar el Estado de Derecho y las leyes de que nos hemos dotado».
Delitos imprescriptibles
En este contexto, la vicepresidenta del Gobierno español, María Teresa Fernández de la Vega, aprovechó la ocasión para confirmar nuevas reformas legales en marcha que afectarían también a miembros de ETA.
Según resaltó después de filtraciones producidas en las últimas semanas, es probable que el Código Penal español sea reformado una vez más para que los llamados «delitos de sangre» no prescriban nunca.
La modificación se haría al calor de la ruidosa protesta realizada por familiares de una víctima de ETA en un juicio reciente en la Audiencia Nacional, si bien en este ámbito son muy inhabituales los casos que se declaran prescritos.
La Guardia Civil no facilitó hasta el mediodía de ayer la identidad real del tercer detenido: José Lorenzo Aiestaran. Desde que se difundió la redada de Normandía, al mediodía del domingo, hasta última hora de la tarde mantuvo que se trataba de otra persona: Jon Goio Jiménez. Sin embargo, según se supo ayer, para las 17.00 del domingo la Policía francesa ya estaba registrando una vivienda que pertenece a la compañera de Aiestaran, Garbiñe Arizabaleta. No es la primera vez que se producen este tipo de tergiversaciones en la información oficial, a todas luces con objetivos policiales.
Askatasuna explicó que este registro se prolongó desde las 17.00 a las 21.00, y expresó su solidaridad a los detenidos y sus familias, al tiempo que reiteró la inutilidad de la represión.
Aiestaran es natural de Lezo, localidad en la que anoche se concentraron ya 85 personas para expresarle su apoyo y se informó también del registro del domingo. El viernes se prevé abordar el arresto en el pleno municipal. GARA
En una decisión sin precedentes, la Audiencia Nacional dictó ayer un auto de procesamiento contra varios ciudadanos vascos y colombianos en el que acusa implícitamente a las «autoridades cubanas y especialmente venezolanas» de alentar una supuesta colaboración entre ETA y las FARC. En un principio se podía pensar que se trataba de una nueva «boutade» del tribunal especial español -en este caso del juez Eloy Velasco-, pero horas después quedó clara la intencionalidad política de la maniobra al reclamar explicaciones el Gobierno español al venezolano.
Su presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, lo confirmó en una rueda de prensa conjunta con la canciller alemana, Angela Merkel. Informó de que el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Angel Moratinos, ha hecho «las oportunas gestiones» con Caracas y «estamos a la espera. En función de esa explicación actuará el Gobierno de España».
Horas después, el Gobierno de Venezuela calificaba de «tendenciosa» e «inaceptable» la acusación judicial y subrayaba que «es de naturaleza y motivación política».
La nota oficial venezolana critica que «el juez se toma la molestia de referirse reiteradamente y de manera irrespetuosa al presidente de los venezolanos, Hugo Chávez, haciendo señalamientos tan tendenciosos como infundados».
El dato en el que se basa toda la tesis del juez Velasco es que Arturo Cubillas, al que define como «responsable del colectivo de ETA en Venezuela», fue nombrado en 2005 director adscrito a la Oficina de Administración y Servicios del Ministerio de Agricultura y Tierras de Venezuela. Caracas recuerda en su nota que Cubillas está en aquel país por un acuerdo entre los presidentes Carlos Andrés Pérez y Felipe González a finales de los años 80, y expresa irónicamente su sorpresa por que este dato no figure en el auto judicial.
Llama la atención, por otra parte, que no se trate de algo nuevo, porque en su día la presencia de Cubillas ya fue aireada con profusión por medios madrileños. Sin embargo, fuentes diplomáticas de Madrid aparentaban ayer que la presunta relación entre ETA, las FARC y el régimen de Chávez «ha sido una auténtica sorpresa».
Pese a la artificialidad de la acusación judicial, la polémica diplomática abierta hace prever que el tema tendrá impacto en medios internacionales. De hecho, el ex presidente colombiano, Andrés Pastrana, ya ha reclamado a la Unión Europea que se posicione sobre la cuestión. El auto de Velasco alude entre otras cosas al supuesto deseo de las FARC de contar con la colaboración de ETA para atentar contra Pastrana, así como contra el actual mandatario, Alvaro Uribe.
Según el magistrado, «fruto de las gestiones» de Cubillas, en 2003 varios miembros de las FARC impartieron adiestramiento en la región de Zulia, fronteriza con Venezuela, a cuatro miembros de ETA «y se emplazaron para recibir más en el futuro». Un intercambio que, prosigue el auto, habría continuado en campamentos de las FARC en territorio venezolano.
Por estos hechos, Eloy Velasco procesa a seis vascos y a cinco personas a las que relaciona con las FARC. Dicta órdenes internacionales de búsqueda contra ellos y reclama a Caracas y La Habana que «cooperen» para entregarlos.
