El Gobierno chileno refuerza la presencia militar tras el terremoto
El Gobierno chileno ha reforzado la presencia militar en las calles, especialmente, en Concepción, una de las ciudades más afectadas por el terremoto de 8,8 grados de magnitud. Los soldados, que vigilaron el cumplimiento del toque de queda, lanzaron gases lacrimógenos contra las personas que intentaban llevarse alimentos y demás productos de los supermercados. Las autoridades pidieron ayuda internacional para asistir a cerca de dos millones de personas.
GARA
El Gobierno chileno envió el domingo unos 10.000 soldados a las regiones del centro del país destrozadas por el seísmo del sábado, de 8,8 grados de magnitud, y varios maremotos. Una de las ciudades más afectadas es Concepción, la segunda mayor de Chile y capital de la región de Biobío, mayoritariamente mapuche. En sus calles era evidente la presencia militar y policial, especialmente, durante las horas del toque de queda, impuesto el domingo desde las 21.00 (hora local) hasta las 6.30.
Con medio millón de habitantes, seguía sin suministro eléctrico, por lo que muchos de los afectados pasaron la noche a la intemperie, improvisando fogatas cerca de sus domicilios.
Decenas de personas asaltaron los supermercados para abastecerse de comida y también de aparatos electrodomésticos. «Es para mis hijos, es la única manera de darles de comer», exclamó un hombre mientras intentaba entrar en el establecimiento. Para evitarlo, los soldados lanzaron gases lacrimógenos y cañones de agua.
La alcaldesa, Jacqueline van Rysselberghe, alertó del «aumento de la tensión social por la escasez de comida. Hay una situación muy compleja. La gente honesta está con una sensación de indefensión gigantesca».
El domingo, la presidenta en funciones Michelle Bachelet, que decretó el estado de excepción en las regiones centrales de Biobío y Maule, resaltó la magnitud de la tragedia y anunció la distribución de ayuda alimentaria con el apoyo del Ejército, pero ayer todavía no había llegado a las zonas más devastadas.
Por otra parte, las autoridades adelantaron el toque de queda en las localidades de Coronel y Lota, donde, según el diario «El Mercurio», hubo «incendios, saqueos y disparos contra las fuerzas policiales».
El subsecretario de Interior, Patricio Rosende, informó en rueda de prensa de la detención en Biobío de más de 160 personas por violar el toque de queda y de la muerte de una persona, sin precisar las circunstancias en las que se produjo.
Las gigantescas olas provocadas por el terremoto arrasaron pueblos enteros como Talcahuano, Penco y Dichato. Los testimonios recogidos por medios locales y agencias internacionales daban cuenta del alcance del maremoto.
«Más del 75% del pueblo está destruido, en ruinas», relató a Reuters David Merino, vecino de Dichato, una aldea de pescadores de 7.000 habitantes situada cerca del epicentro del terremoto. «La ola debía de medir unos seis metros. Se llevó casas, garajes y restaurantes», señaló Carlos Palma, refugiado sobre una colina de Penco.
El ministro de Defensa, Francisco Vidal, admitió que la Armada chilena cometió un error de diagnóstico al no decretar la alarma de tsunami inmediatamente después del seísmo, lo que hubiera posibilitado a los habitantes de las zonas costeras refugiarse a tiempo en lugares más altos.
En total seis regiones -Maule, Biobío, O´Higgins, Araucanía, Valparaíso y Metropolitana-, que concentran el 80% de la población de Chile, han sido declaradas zonas catastróficas.
La Agencia de Meteorología de Japón se disculpó ayer por haber demostrado un exceso de celo al decretar la máxima alerta ante el maremoto y ordenar la evacuación de más de medio millón de personas de las costas del Pacífico. Tras el potente terremoto de Chile, los expertos japoneses previeron un aumento del mar de tres metros e, incluso, más. Pero, la ola más alta sólo alcanzó los 120 centímetros.
«Las previsiones de la Agencia sobre la magnitud del tsunami resultaron un poco excesivas. La alerta duró mucho tiempo, por lo que les ruego que acepten mis excusas por el desconcierto causado», declaró en rueda de prensa Yasuo Sekita, uno de los responsables de la Agencia.
Enfrentadas constantemente a catástrofes naturales -ya sean tifones, huracanes, seísmos o erupciones volcánicas-, las autoridades han aprendido a no dejar cabos sueltos, extremando al máximo las medidas de seguridad en caso de alerta.
El domingo por la mañana, más de medio millón de personas fueron evacuadas en las prefecturas de Aomori, Iwate y Miyagi, al norte de la principal isla de Honshu, la más expuesta. La mayoría pasó la noche en escuelas, edificios públicos e, incluso, en sus propios vehículos.
Expertos y medios de comunicación coincidieron en que ante este tipo de situaciones es «preferible» extremar las medidas que lamentar males mayores. «La alerta trastocó la vida pública, pero puede decirse que el Gobierno hizo lo correcto. Es importante que la gente comprenda el peligro que entraña un maremoto», resaltó en su editorial el diario «Yomiuri Shimbun». GARA
