Mucho se está diciendo estos meses acerca de los gastos sociales de las instituciones públicas. Entre otras cosas, se asegura que quizá se haya llegado a su techo, del 70% en el caso del Gobierno Vasco, por ejemplo. Y también hay quien opina que hay que reducir directamente el peso del gasto social en los presupuestos.

Al oír estas cosas, lo primero que pienso es que si ya se destina al menos un 30% del presupuesto a gastos anti-sociales, o cuando mínimo, no-sociales, la reivindicación de cualquier persona bien pensante debiera ser aumentar el gasto social y no reducirlo.

Lo segundo que me viene a la cabeza es que las cosas se tienen que haber movido mucho hacia un lado en nuestra sociedad (hacía el lado derecho) si es posible plantear abiertamente reducir de esa manera el gasto social. ¿Cómo pueden algunas personas cuyos beneficios aumentan sin cesar atreverse siquiera a proponer reducir la inversión pública en iniciativas de protección social, particularmente lo destinado a socorrer a las personas cuyos ingresos nunca han sido muy cuantiosos?

La tercera cosa que da mucha guerra a mi cerebro cuando se habla de este asunto es la certeza de que dentro de lo que se define como «gasto social» también hay muchos elementos de dudoso carácter social. Así, en Educación por ejemplo, no tengo nada claro de que el hecho de que cada alumno y alumna tenga un portátil en la escuela sea un gasto «social» y no albergo ninguna duda de que instalar Wi-fi en todas las instalaciones educativas es un atentado al bienestar social. Pienso que es mucho más social garantizar un profesorado debidamente motivado, geográficamente estable y capaz de comunicar con el alumnado -y entendería como social ese gasto, tuviera o no hijos e hijas en edad escolar- que gastar mis impuestos en aumentar los beneficios de las empresas de informática mediante la compra masiva de ordenadores. Entre otros muchos motivos, porque creo que una parte importante de la educación es practicar y mejorar el arte de comunicar directamente entre los seres humanos, cara a cara y día a día, algo que difícilmente se logra con un ordenador por medio.

Un buen porcentaje del «gasto social» de nuestros presupuestos ya va directamente a la clase empresarial. ¿Por qué darles más? Uno de los elementos más «sociales» (aunque no el único) de este tipo de gasto es el uso del dinero público para garantizar un empleo suficiente, adecuado, pertinente y de calidad, o sea dar trabajo a gente que lo necesita pero siempre para trabajar en cosas que todo la sociedad precisa. Prefiero mil veces contar con personal de enfermería suficiente y adecuado en un hospital que tener puentes y barrios diseñados por famosos personajes de la arquitectura y construidos por avariciosas empresas cementeras y demás.

Sin duda, si no pueden lograr reducir el gasto social, la redefinición interesada de lo que es en realidad «social» seguirá siendo una necesidad y una prioridad en la agenda de unos cuantos intereses. Por su perfil, de asesores económicos también.