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Estupor y enfado en Venezuela ante la maniobra española
Las autoridades venezolanas muestran su estupor por la maniobra jurídico-política desatada en el Estado español para ligarle a ETA. Su presidente, Hugo Chávez, declaró irónicamente que la Audiencia Nacional sería capaz de considerar «terrorista» al libertador Simón Bolívar. Tras el eco mediático obtenido en todo el mundo, el Gobierno español trata ahora de calmar la situación asegurando que Venezuela se ha comprometido a investigar las acusaciones.![p011_f02_097x168.jpg p011_f02_097x168.jpg](/Repository/Imagenes/Pub_3/Issue_4232/p011_f02_097x168.jpg)
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El auto dictado el lunes por la Audiencia Nacional española acusando al Gobierno de Venezuela de alentar una supuesta colaboración entre ETA y las FARC fue valorado ayer con ironía por el presidente del país sudamericano, Hugo Chávez.
En unas declaraciones realizadas en el puerto de Montevideo -donde ha asistido a la investidura del nuevo presidente de Uruguay, José Mujica-, Chávez negó las acusaciones y afirmó que «nosotros apoyamos a los pueblos».
«Ante esa condena de la Real Audiencia -en referencia a la Audiencia Nacional española-, a mí me honra y voy a decir: Condenadme. La historia me absolverá», manifestó.
Chávez hizo alusión a que el libertador Simón Bolívar fue condenado por subversión en 1796 y que si en su época hubiera existido el término de «terrorista», «seguramente así lo hubiesen llamado». El mandatario venezolano achacó las acusaciones en contra de su Gobierno a «regazos de un pasado colonial». «Eso son restos todavía, tristes restos, de las antiguas cadenas que algunos quisieran colgarnos de nuevo aquí al cuello, pero nosotros somos libres», insistió Chávez.
Por su parte, el embajador de Venezuela en el Estado español, Isaías Rodríguez, afirmó que en el auto dictado por Velasco «hay más conjeturas que conclusiones» y que están basadas en el ordenador del guerrillero Raúl Reyes, que según sus informaciones «estuvo en manos del ejército colombiano durante varios días» tras el bombardeo en el que falleció.
El mismo día en que se conoció el auto, el Gobierno de Venezuela criticó las acusaciones y recordó que Arturo Cubillas reside en aquel país desde finales de los 80 por un acuerdo entre los presidentes Carlos Andrés Pérez y Felipe González. La tesis del juez Velasco se sustenta sólo en que Cubillas, al que define como «responsable del colectivo de ETA en Venezuela», fue nombrado en 2005 director adscrito a la Oficina de Administración y Servicios del Ministerio de Agricultura y Tierras.
A la espera de explicaciones
Tras el impacto mediático obtenido ligando a ETA y las FARC con Cuba y Venezuela y la reacción de Chávez, desde el Gobierno español trataron de calmar la situación asegurando que el Ejecutivo bolivariano se habría comprometido a investigar las acusaciones, según difundió a agencia Europa Press citando fuentes diplomáticas españolas.
Estas mismas fuentes indicaron que si se descubre «algo» esperan que el Ejecutivo de Chávez «esté a la altura» y tome las medidas oportunas. Añadieron que el Gobierno español ha descartado emprender algún tipo de acción o protesta ante Venezuela por este caso. Lo que sí han conseguido es eco mediático internacional, ya que la tesis de que ETA tiene relación con los regímenes de Venezuela y Cuba trascendió ayer a todos los rincones del mundo.
Para rizar el rizo, la ministra de Sanidad española y antigua secretaria de Estado para Iberoamérica, Trinidad Jiménez, admitió que Chávez ha colaborado en la lucha contra ETA cuando Madrid se lo ha pedido.
Son muchos quienes dudan de que el auto judicial tenga alguna basa. El líder de IU, Cayo Lara, opinó que hay «una acción premeditada para vincular a gobiernos democráticos con el terrorismo». Por el PNV, Joseba Egibar, consideró que sería «grave» que la denuncia no tuviera «fundamento». Y hasta la portavoz del Gobierno de Lakua, Idoia Mendia, abogó por tratar el tema «con prudencia».
El embajador de Venezuela en el Estado español recordó que el auto está basado en el ordenador del guerrillero Raúl Reyes, que falleció tras un bombardeo colombiano y al que se niega valor probatorio alguno.
El Sindicato Unificado de la Policía española reclamó al juez Eloy Velasco que dicte una «orden internacional de detención» contra Chávez por «terrorismo de Estado».